Un 70 % de los beneficiarios de viviendas sociales no paga la cuota

Pablo R. Procopio / La Capital

La construcción de viviendas es una necesidad creciente en la Argentina, y Rosario no es ajena a esta situación: el déficit habitacional en la ciudad alcanza a las 40 mil unidades. El Estado edifica casas a través de distintos programas, pero le resulta difícil recuperar la inversión. En la ciudad, existen 25 mil inmuebles sociales (19 mil provinciales y 6 mil municipales), hay otros 800 en obras, mientras que se están preparando licitaciones para levantar entre 1.000 y 1.500 más. Sin embargo, un 70 por ciento de los adjudicatarios no paga las cuotas o es moroso.

En efecto, los sucesivos gobiernos se han preocupado por ir recuperando el dinero invertido, pero la crisis económica de diciembre de 2001 y enero de 2002 generó también el índice de recupero más bajo de la historia de las viviendas sociales. En esos meses se recaudaron en toda la provincia sólo 710 mil pesos, mientras que actualmente las cuotas pagas suman 1,9 millón de pesos mensuales aproximadamente. En el caso de las viviendas provinciales de Rosario, el recupero mínimo histórico fue de 143 mil pesos, aunque ahora se está llegando a cerca de 300 mil.

Sin embargo, en Rosario si todos los adjudicatarios de viviendas de planes provinciales pagaran sus cuotas se debería recaudar 1.050.000 pesos mensuales. Así, sólo hay aproximadamente un 30 por ciento de recupero, según el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Juan José Morín.

-¿Por qué la gente no paga?

-Creo que hay dos motivos fundamentales. Uno de ellos es que no tiene la capacidad económica suficiente. Esto les ocurre a las familias que carecen de trabajo y cuentan con muchos hijos. Sus condiciones de vida no les permiten cumplir con el pago. Otro de los motivos es que hay gente que directamente tiene la costumbre de no abonar, sobre todo al Estado. Aunque muchos de quienes habitan una vivienda Fonavi desconocen la normativa: se creen los dueños, pero eso no es así.

En la mayoría de los casos (cerca de un 98 por ciento) las viviendas Fonavi "están en compraventa", dijo Morín. Esto quiere decir que si el beneficiario no paga, no compra. Peor aún, la deuda que no es abonada queda gravada con un interés del 1 por ciento mensual. "Hoy hay familias que deben por ejemplo 10 mil pesos y su deuda se incrementa en 100 pesos mensuales", agregó.

-¿Es posible revertir estas situaciones de morosidad?

-Estamos haciéndolo. Desde que hemos instalado el área comercial en Rosario (Rioja 935) los adjudicatarios que tienen situaciones irregulares se acercan permanentemente a ver cómo pueden arreglar sus problemas. Hoy estamos refinanciando la deuda de aquellos que están en esas condiciones y se lo hace de acuerdo a la situación económica de cada familia.

Además, se creó el Registro Notarial, que permite la escrituración de las viviendas a nombre de las familias beneficiarias. El momento de hacerlo es cuando el adjudicatario se pone al día a través de un convenio de pago y se le refinancia la deuda. Allí es cuando se puede escriturar la vivienda a nombre de él. En definitiva, pasa a ser propietario, aunque después debe seguir abonando hasta tanto finalice el convenio.

Entre las condiciones que se imponen a la hora de adquirir una vivienda social, se destaca que estos inmuebles no pueden ser alquilados ni vendidos. Sin embargo, esto suele ser común.

"Son graves irregularidades", sostuvo Morín al recordar que "la normativa vigente dice que la vivienda Fonavi se entrega en compraventa o comodato a un determinado plazo" (en general 25 años).

No hay forma de que una casa con deuda o impaga pueda ser alquilada o vendida. Si eso ocurre, la provincia puede desadjudicarla y volverla a adjudicar, incluso también puede hacerlo ante el no pago reiterado de las cuotas.

-¿Es difícil controlar a quienes cometen irregularidades como traspasar la vivienda?

-Hoy en día se está citando a aquellos que están en estas situaciones, de manera de corregir la cuestión.

-¿Cuántas viviendas están ocupadas ilegalmente?

-Esto se da más en las grandes ciudades que en las pequeñas y en algunos barrios más que en otros. En Rosario se podría hablar del 30 por ciento, aunque hay barrios enteros donde siguen estando los adjudicatarios originales.

Para Morín, estas situaciones irregulares "tienen que ver con cuestiones culturales, hay gente para la cual no es importante mantener su casa, por eso la dejan o la venden".

En la actualidad, las casas Fonavi se adjudican en base a los ingresos de los interesados en tenerlas. En líneas generales, el plazo de pago es de 25 años para una vivienda tipo de entre 18 mil y 30 mil pesos para las poblaciones más pequeñas, y entre 30 mil y 50 mil pesos a nivel de grandes ciudades como Rosario y Santa Fe.

Este tipo de viviendas tienen 10 metros por 25 metros, son individuales y ocasionalmente se construyen en dúplex.

Las casas en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos son más económicas, pero en las ciudades sube un 50 por ciento.

También hay financiación hasta 50 años, con seis por ciento de interés o interés cero.

Por ejemplo, Santa Fe ingresó en el último plan nacional que propone construir casas de 30 mil pesos, entre 30 y 50 años de financiación y cero por ciento de interés "para cubrir la franja más humilde de la población", apuntó Morín.

Existen diversas alternativas para construir estos nuevos barrios con viviendas sociales. Entre ellas, la posibilidad de que sindicatos u otras asociaciones, fundaciones, cooperativas o mutuales que dispongan de terrenos, puedan solicitar estas obras para sus afiliados. La condición fundamental es que las organizaciones provean el terreno en forma gratuita con la infraestructura necesaria.

"Hoy por hoy estamos adjudicando casas a todos aquellos que tienen la capacidad económica y social suficiente para poder cubrir las cuotas", dijo. Desde hace algunos años se estableció que el valor de las cuotas no puede superar el 15 por ciento de los ingresos del grupo familiar. Por eso, en los últimos tres años las adjudicaciones tienen el 75 por ciento de recupero, aunque antes no era así.

Cuando la Nación construía, el concepto de adjudicación era otro. Los inmuebles se entregaban a aquellas familias que tenían mayor cantidad de hijos y menores posibilidades económicas, lo que genera una menor posibilidad de recupero.

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La falta de recursos económicos y de costumbre de cumplir con el Estado contribuye a no abonar las cuotas.