Suárez Mason se negó a ampliar su declaración ante Canicoba Corral

El ex general es investigado por hechos aberrantes en jurisdicción del I Cuerpo

El detenido represor Carlos Guillermo Suárez Mason se negó ayer a ampliar su declaración indagatoria en la megacausa en la que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.

El represor fue trasladado ayer por la mañana a los Tribunales de Comodoro Py 2002 (desde el penal de Marcos Paz, donde está alojado luego de que se le revocara la prisión domiciliaria), y permaneció en la alcaidía hasta que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo hizo conducir a su despacho.

Una vez frente al magistrado y al secretario Marcelo Sonvico, el imputado hizo uso de sus derechos constitucionales y se negó a contestar las preguntas, tras lo cual fue remitido nuevamente a la cárcel, donde permanece detenido.

Las fuentes consultadas indicaron que era intención del magistrado indagar al destituido general por alrededor de 250 hechos nuevos, los mismos por los que días atrás dispuso la detención de los generales Rodolfo Wehner, Teófilo Saá y Julián Capanegra, y los coroneles Humberto Lovaiza y Bernardo Menéndez.

El 23 de marzo último, Suárez Mason fue notificado de la declaración de inconstitucionalidad del indulto que lo había beneficiado, por lo que su situación se retrotrajo al momento previo al perdón presidencial dictado por Carlos Menem, cuando fue procesado por 38 homicidios.

En aquella breve diligencia (que duró alrededor de diez minutos) Suárez Mason se notificó de la resolución dictada por Canicoba Corral por la que decretó la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales.

En este expediente, se investigan gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en dependencias del I Cuerpo de Ejército y es una de las tres "megacausas" que se abrieron tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

Con su negativa a declarar, Suárez Mason siguió el mismo camino que había elegido el coronel retirado Jorge Olivera Rovere, detenido tras la nulificación de los indultos, quien hizo uso de sus derechos constitucionales y se abstuvo de contestar preguntas.

Al decretar la inconstitucionalidad del perdón contra seis militares, el magistrado concluyó que los indultos no están exentos del control judicial y concluyó que Menem ejerció la facultad presidencial cuando no era válido hacerlo, porque ya existían compromisos internacionales para perseguir penalmente a los autores de crímenes aberrantes.

El represor seguirá detenido en el penal de Marcos Paz.