Dictaminan la falta de mérito para Decibe y García Solá

La Cámara Federal revocó los procesamientos por administración fraudulenta y embargos de bienes dictados a los ex ministros de Educación Susana Decibe y Manuel García Solá, pero ambos siguen vinculados a una causa penal por supuestas irregularidades en la contratación de encuestas para esa cartera.

Fuentes judiciales indicaron que el tribunal dispuso falta de mérito para Decibe, García Solá, otros ex funcionarios del Ministerio y el encuestador Hugo Haime, y dejó sin efecto los embargos de 400 mil pesos ordenados sobre el patrimonio de cada uno de los imputados.

Las medidas habían sido dictadas hace un año por el juez federal Jorge Ballestero, a pedido del fiscal Carlos Cearras.

En la causa se investiga si hubo perjuicio al Estado con el presunto pago de sobreprecios en la contratación de servicios de encuestadores para conocer la opinión pública sobre la ley federal de educación y cuáles eran las demandas de la población en materia educativa.

Al presentar la denuncia, la Oficina Anticorrupción (OA) sostuvo que al realizar las contrataciones se incurrió en gastos "innecesarios".

La Sala II de la Cámara revocó los procesamientos porque consideró que en primera instancia se había omitido investigar si efectivamente se produjo un perjuicio a la administración pública, ya que sobre la decisión de encomendar las encuestas, evaluó como desincriminatorios los dichos de varios testigos.

El tribunal destacó la falta de pericias que permitan sacar conclusiones relacionadas con el pago de sobreprecios.

Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun señalaron que "las encuestas fueron realizadas" y que en el sumario no hay pruebas de un favorecimiento económico a quienes obtuvieron los contratos.

Las tareas asignadas a Haime habrían sido convenidas en forma directa, pero Decibe se defendió con el argumento de que la contratación fue tratada en una reunión de gabinete (durante el gobierno de Carlos Menem) y luego aprobada por decreto presidencial.

García Solá, sucesor de Decibe en el Ministerio, brindó una versión similar y, al igual que la ex funcionaria y Haime, defendió la legalidad y transparencia de los trabajos contratados.

La OA afirmó, en cambio, que se cometieron "violaciones a las disposiciones que regulan los contratos", los "montos máximos que debían abonarse" y la "doble o triple" contratación para estudios que se podrían haber realizado "mediante un solo trabajo por tener objetivos similares o idénticos".