Cuestionan la concesión en la hidrovía

Francisco Cachaza Iramont, del Centro de Estudios Estratégicos, criticó la negociación del gobierno

Silvia Carafa / La Capital

El hidrógrafo Francisco Cachaza Iramont cuestionó la concesión de las obras de dragado de la llamada Ruta Troncal de Navegación desde Santa Fe al Océano, nombre que además calificó de "inapropiado". Para el marino, que también preside el Centro de Estudios Estratégicos Buenos Aires, la comercialización y el transporte de granos en la Cuenca del Plata registra desaciertos de peso. "No es transparente y está al servicio de alguna posición dominante en dicho sistema", disparó.

Según Cachaza Iramont, la mayor sorpresa la dio el gobierno nacional cuando en diciembre del 2003 extendió la citada concesión a pesar de que la misma acumula observaciones de distintos organismos nacionales; además de "un informe amplio en la oficina anticorrupción, sobre deficiencias y cuestionamiento en el acto licitatorio". En su opinión, el gobierno de Néstor Kirchner pudo haber mejorado las cosas pero "perdió la oportunidad y lavó la cara de un proceso cuestionado".

Para el hidrógrafo, la licitación que en 1995 adjudicó la concesión del tramo citado, fue más un hecho político que una operación basada en necesidades evaluadas por el Estado, sobre la base de técnicas correctamente determinadas y ponderadas. "Fue una operación sin anestesia, una más de las que tanto abundaron en la década de noventa", enfatizó, y añadió que una de la consecuencias fue la eliminación de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

Cachaza Iramont recomendó no confundir el proyecto penta nacional Hidrovía Paraguay Paraná, con la operación logística de transporte por agua, que va desde el kilómetro 584 del Paraná hasta el kilómetro 239.5 del canal Punta Indio en el Río de la Plata. El primero, es un programa relacionado con el Mercosur que aspira a recuperar el río, mientras que la segunda está a cargo de la empresa Hidrovía SA integrada por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa S.A.

"La licitación está viciada originalmente, está observada, y tiene un agravante, en 1997, a sólo dos años de su puesta en marcha, se prorrogó por ocho años más", relató el marino, y dijo que dicha extensión incluyó la autorización modificaciones técnicas y financieras. Y fue por más, recordó que a pesar de que la concesión se realizó a riesgo empresario, recibió un subsidio de 40 millones de dólares por año hasta el inicio del default. "El Estado comenzó a deberle a la empresa lo que terminó en un decreto del entonces presidente Eduardo Duhalde, que en diciembre del 2002, autorizó un aumento de tarifa por tonelada pasante", explicó.

Para el licenciado en Hidrografía el flete de granos argentinos, no sólo constituye una erogación que se paga por importar servicios de los países de los buques de otras banderas sino que además, en la mayoría de los casos, tal flete subsidia a las exportaciones brasileñas. En el puerto de Rosario, los buques de ultramar salen con más de 10 mil toneladas menos pero completan su capacidad en Brasil, que sólo paga por las toneladas que carga.

Además, comentó que el Río de la Plata constituye un cuello de botella para la salida de los buques. En esta vía fluvial se realizan trabajos de dragado y sobre dragado, en forma permanente. "El mayor esfuerzo lo lleva el canal Emilio Mitre que comienza en el kilómetro 12 de acceso a Buenos Aires, allí están las dragas más importantes", explicó. Además, comentó que por los buques que en el kilómetro 37, frente a La Plata, deciden utilizar como alternativa el canal Martín García, el Estado argentino tiene que resarcir a la empresa Hidrovía en concepto de ganancias perdidas.


La lista de los cuestionamientos
Entre los cuestionamientos hechos a la concesión del dragado y balizamiento desde Santa Fe, aguas abajo, el marino apuntó: la resolución de la Defensoría del Pueblo Nº 765 de noviembre del 2003, sobre la erosión "catastrófica" producida por el dragado en la isla La Invernada, frente a Rosario. Además, incluyó dos informe de la Auditoría General de la Nación y de la auditoría interna del Ministerio de Economía de octubre del 2003. También citó un informe de la Sindicatura General de la Nación en agosto del 2002, y un documento de la Municipalidad de Rosario de julio del 2002.

A la lista, Cachaza Iramont agregó la denuncia realizada por Francisco Pizarro Posse ante la división delitos complejos de la Policía Federal, en septiembre del 2001, a fin de que se investiguen presuntos delitos de defraudación en perjuicio del Estado. La denuncia originó la causa Nº 13.233/01 que se tramitó en el juzgado Nº 6, Secretaría Nº 11. También citó una resolución del doctor Manuel Garrido, de la oficina anticorrupción, y un dictamen de dicho organismo que "en sus 47 carillas fulmina el proceso de licitación y concesión por falta de transparencia", acotó.

Según Cachaza Iramont, si el país contara con un Estado profesional, se podría distinguir entre las sugerencias atendibles, de aquellas que son formuladas por los oportunistas que nunca prosperarían sin los subsidios costeados en forma directa o indirecta por los contribuyentes. En ausencia de ese Estado, "los lobbistas sólo tienen que tratar con equipos improvisados que bien podrían estar conformados por sus propios amigos", disparó.

Los trabajos de profundización y acondicionamiento generan polémica.