De las joyas de la abuela a los aritos de la nieta

La Argentina se encamina a perder la oportunidad histórica de otorgarle visos de racionalidad a las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, si se tienen en cuenta las fintas previas a la gran pelea por la nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

Agotados los recursos del pasado, popularmente conocidos como "las joyas de la abuela", los lineamientos de la futura discusión hacen pensar en la dilapidación de los ingresos del futuro, al mantenerse mecanismos de distribución que no alientan el ahorro y mencionarse una responsabilidad fiscal no pasa de un enunciado de buena voluntad.

Un error gravísimo, ya que el debate se hará en un escenario de aumento de la recaudación que corre el riesgo de ir a parar a una caja sin fondo. Sin joyas de la abuela, el riesgo inminente es el empeñar los aritos de la nieta.

Resulta muy difícil llegar a conclusiones coherentes si se parte de bases absurdas. Una de ellas, de tan obvia, ni siquiera parece ser tenida en cuenta: ¿se puede llamar federal a un sistema consistente en distribuir dinero desde la Plaza de Mayo al resto del país?

Si ninguno de los participantes del debate (gobierno nacional, provincias, legisladores, economistas) se toma el tiempo para responder la pregunta, lo único que queda por discutir es si lo que se distribuye es mucho o poco. Y es sobre ese aspecto que giran todas las posiciones.

A grandes rasgos, las veinticinco partes de la discusión dieron a conocer a través de sus mandatarios diversas posturas con un denominador común: nadie quiere ceder un ápice de lo que consideran sus legítimos derechos. Es imposible incrementar veinticinco porciones si el conjunto no aumenta en una proporción similar. Ahí está el riesgo de repetir la crítica experiencia de los 90.


El crecimiento del gasto
En los primeros años de la convertibilidad, al compás de un fenomenal incremento de la recaudación impositiva nacional, los giros a las provincias por coparticipación también aumentaron. Pero ese aumento de recursos no se tradujo en ahorro ni en baja de impuestos sino en una elevación del gasto público provincial del 75% en términos reales en relación al de la década del 80.

La Nación tuvo incremento de erogaciones de similar magnitud. Para peor otra oportunidad histórica fue desperdiciada en 1994, al sancionarse una reforma constitucional con iniciativas que, lejos de corregir el problema, lo potenció al crear nuevas instituciones sin reparar en cómo se financiarían. Para colmo, le dio status constitucional a la coparticipación, que no es más que una delegación de facultades que la Constitución de 1853/60 le reservaba a las provincias.

Los resultados quedaron a la vista con la explosión social, política y económica de un país en el que el derecho de usar los recursos no guarda relación con el deber de recaudarlos. Pocos de los protagonistas de la discusión sobre la coparticipación parecen tener presente las consecuencias de un régimen que establece que las provincias durante casi siete décadas gastaron sin recaudar seis de cada diez pesos. Tanto no lo tienen en cuenta que no reparan en pedir más y más recursos. Se prioriza el interés por conservar el control de la "caja" en vez de acordar la restitución a las provincias de la facultad de recaudación. El peor de los centralismos en nombre del federalismo. (DyN)