Las ART, en pie de guerra por el crecimiento de los litigios

Las aseguradoras afirman que si no se respeta la actual legislación, las empresas se verán afectadas

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) están en alerta por el aumento en el nivel de litigiosidad que se está dando desde hace casi un año y aseguran que si esto se recrudece no sólo pone en riesgo al sistema de cobertura sino que además impactará en toda la actividad empresaria.

Bajo un discurso homogéneo que pilotea la única cámara que nuclea a las empresas del rubro (UART), las aseguradoras plantean que los fallos judiciales que cuestionan algunos artículos de la ley de riesgos de trabajo (LRT Nº 24.557) y que aparecieron en los últimos meses, desandan el camino transitado con la nueva legislación que ya tiene casi diez años de vida.

"El anterior sistema se cayó precisamente por la litigiosidad", enfatizó el gerente de La Segunda ART y miembro titular de la mesa ejecutiva de la UART, Ricardo Aide.

El empresario recordó que en el anterior régimen se presentaban 50 mil demandas por año por un monto equivalente a los 11 mil millones de pesos.

De esa cifra, "sólo el 40 por ciento iba a parar al trabajador, que además debía hacerse cargo de los honorarios de abogados, y el resto era para peritos, contadores, médicos y todos los gastos de una acción litigiosa".

Bajo el amparo de la nueva legislación, "en promedio se evitan anualmente más de 55.400 siniestros, se atienden en forma integral a más de 306 mil trabajadores accidentados y sólo se presentan discrepancias en el 2,6% de los casos atendidos", aseguran desde la UART.

El empresario aseguró que desde el sector ven con "mucha preocupación" el creciente número de presentaciones judiciales e incluso sentencias no sólo en primera instancia sino en distintas cámaras provinciales, un fenómeno que no se daba en los primeros años de vigencia de la ley.

"La idea es que se está creando algún tipo de industria, en la cual hay muchos jueces que están cumpliendo la función de legisladores, porque reforman la ley con sus fallos", dijo Aide.


El impacto empresario
Aunque el tema pega de lleno en la sustentabilidad del sistema de ART, las aseguradoras también advierten sobre el impacto que esto provocará sobre la economía de las empresas aseguradas. "Nadie va a querer darles cobertura", dijo Aide y dio como ejemplo un fenómeno que se está produciendo en Santa Fe con la industria frigorífica, donde se detectan una decena de reclamos semanales por hipoacusia. "Esto es muy similar al viejo estilo de la ley anterior", dijo Aide y advirtió: "Estamos iniciando el mismo camino y nada indica que el resultado no sea el mismo", haciendo referencia al colapso de muchas empresas por la "industria del juicio".

Según datos aportados por la UART, en el sistema anterior, el costo del seguro de un accidente de trabajo representable entre el 7 y 14% de la masa salarial para una empresa. Con la nueva ley, éste se redujo al 1,9%, uno de los más bajos luego de Chile y muy por debajo de países como Bélgica o Italia que superan el 3%.

Según Aide, esta reducción se produjo por la esencia misma del nuevo sistema, "que apunta a bajar la litigiosidad" y que tomó aspectos que el anterior no tomaba como "la prevención del riesgo".

"Antes se actuaba sobre un accidente, ahora lo que se pretende es hacerlo antes de que ocurra", agregó el directivo de La Segunda ART.


Un cambio "suspicaz"
Para las aseguradoras, el aumento de la litigiosidad que se dio el último año fue en parte el resultado del rechazo que generó la nueva legislación entre "las personas que vivían del anterior sistema".

Los cuestionamientos más grandes de la UART apuntan hacia las provincias de Buenos Aires y Mendoza, donde se produjo el mayor número de reclamos o fallos contra algunos de los artículos de la ley vigente.

En rigor, las acciones judiciales iniciadas por los empleados se centran en dos aspectos: por un lado, contra el artículo 39 de la LRT que limita el acceso a la denominada vía civil como fuente de reclamo y por otro, el 46º, que establece un procedimiento ágil para dirimir controversias que pivotea sobre las comisiones médicas, dejando al fuero judicial como última instancia de apelación.

El caso más paradigmático es el de la determinación de las indemnizaciones por incapacidad. "La ley tiene un sistema para el pago de incapacidades que está regulado por la comisión médica, una autoridad que no está formada por las ART y por lo tanto es imparcial", dijo Aide.

Agregó que ahora, "hay juzgados que aceptan la ley pero no la forma de determinar las incapacidades que ésta prevé y ponen peritos propios para determinarla".

Sucede que "tuvimos casos en los cuales el juez, ni siquiera tomó la referencia de su propio perito y elevó el nivel de incapacidad un 20%", concluyó Aide.