| jueves, 01 de abril de 2004 | La caída. Tras el aval de Diputados, el Senado debatía convertirla en ley El Parlamento nacional aprueba la intervención a Santiago del Estero Tras ocho horas de discusión, una abrumadora mayoría respaldó la iniciativa del gobierno en la Cámara baja La Cámara de Diputados aprobó la intervención a Santiago del Estero por 180 días, con posibilidad de prorrogarla otros seis meses, y giró de inmediato el proyecto al Senado para su sanción definitiva, que a la madrugada avanzaba en su intento de convertir la propuesta del Ejecutivo en ley.
La iniciativa de la Casa Rosada fue votada en general cerca de las 23 por una aplastante mayoría de la Cámara: 195 a favor y solamente 15 en contra, con tres abstenciones.
Las ocho horas de debate recorrieron las denuncias de persecución política, espionaje, abuso policial y manipulación judicial que pesan sobre el régimen de Carlos Juárez y su esposa y gobernadora, Nina Aragonés, como también la situación de los campesinos que son expulsados de sus tierras por el avance de las plantaciones de soja.
Al presentar la propuesta, el bloque justicialista, que el año pasado había resistido los intentos opositores a favor de la intervención, comenzó por justificar la oportunidad. "Había que dar todo el tiempo necesario para permitir que dentro de Santiago del Estero se resolviera la situación", argumentó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta).
Los fundamentos del proyecto de intervención federal aluden a la "violación sistemática por parte del poder provincial en ejercicio de derechos y garantías resguardados por la Constitución federal, afectando ineludiblemente la vida republicana en sus principios fundamentales".
Si bien el proyecto cosechó respaldo, tanto los radicales como el ARI, socialistas y provinciales expresaron sus disidencias con la iniciativa del PJ porque pretenden que la prórroga de la intervención se realice con el consentimiento del Congreso y establecer un artículo para que no afecte la autonomía municipal.
En cambio, los más fervientes opositores a la intervención fueron, por un lado, el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien advirtió que "no se puede juzgar a quiénes no han tenido el debido proceso", y el diputado santiagueño Juan Domingo Pinto Bruchman, quien defendió con firmeza la gestión de los Juárez.
Por otro lado, diputados radicales y provinciales, coincidieron en manifestar sus dudas en el recinto sobre el momento elegido por el Poder Ejecutivo para impulsar la intervención y plantearon su preocupación sobre si esa medida no está vinculada a la interna del partido justicialista.
La sesión se inició a las 14.30 con un informe de Urtubey, quien fue el encargado de defender el pedido de intervención a la provincia de Santiago del Estero.
"Se viene advirtiendo desde hace un tiempo un fuerte deterioro del orden institucional, en un hecho patentizado en la muerte de dos jóvenes", aseveró Urtubey en su discurso.
Urtubey apuntó que la Cámara de Diputados tiene "el deber de intervenir para garantizar la forma republicana de gobierno" y reconoció que no se había avanzado antes en una decisión de tal envergadura porque ésta "no puede aparecer como algo inesperado, sino que debe tener un marco de consenso como el que alcanzado en esta ocasión".
Por su parte, el radical cordobés Mario Negri aseguró que "distintas razones justifican, desde hace meses, una intervención federal que garantice las reglas de juego democráticas en esa provincia y los derechos y garantías de los santiagueños" y dijo que el Ejecutivo "parece ser el último en darse cuenta de esa cuestión".
Negri se preguntó "qué sucedió de una semana a otra para enviar recién ahora el proyecto y si está resolviendo una problema de índole republicano en función de la interna del PJ" y pidió que se establezca "claramente que el interventor no tendrá facultades para afectar la autonomía de los municipios".
En tanto, el presidente del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, aseguró que "resulta sospechoso que después de haber negado que hubiera condiciones para la intervención hasta la semana pasada, después del congreso del justicialismo el gobierno nacional encuentre ahora las condiciones para intervenir la provincia, donde hace rato se violan los derechos elementales".
Por su parte, el titular del bloque de diputados socialistas, Jorge Rivas, anticipó su voto favorable a la iniciativa aunque cuestionó la "vaguedad" del proyecto del Ejecutivo y sostuvo que "se le podrían imputar las mismas causales para intervenir la provincia de Buenos Aires".
"¿Qué diferencia a los Juárez de cualquier otro gobernador del Noroeste para no decidir una intervención colectiva?", se preguntó Rivas en un enfático discurso, mediante el que propuso convocar a una Asamblea Constitucional para reformar la Carta Magna de Santiago del Estero "a fin de establecer elecciones libres" en la provincia.
Una de las pocas voces en contra de la intervención fue la del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, integrante del Interbloque Provincias Unidas, quien advirtió que "no podemos juzgar como culpables a quiénes no han tenido el debido proceso" y consideró que con esa medida "se arrasa con la voluntad popular del pueblo santiagueño con discursos generales".
Rodríguez Saá consideró que los fundamentos del proyecto del Ejecutivo "son absolutamente pobres" y sostuvo que "las cajas de las que hablan no las conoce nadie. El 99 por ciento de las intervenciones fueron un fracaso rotundo. Yo defiendo el federalismo".
En esa línea, el diputado santiagueño Juan Domingo Pinto Bruchman, defendió la gestión de la gobernadora Mercedes Nina Aragonés de Juárez y rechazó con firmeza la intervención al sostener que "no están dadas las condiciones" para adoptar esa decisión.
Finalmente, Pinto Bruchman advirtió que la medida "significará un gran retroceso para nuestra provincia y un daño irreparable para la mayoría de la población, quienes se sienten representados por la gobernadora y su esposo". enviar nota por e-mail | | Fotos | | Pese al malestar de numerosos diputados del PJ, el bloque decidió disciplinarse con la orden que bajó desde el gobierno central. | | |