Nueva metodología en la investigación sobre fosas comunes en el cementerio

Reconocieron lugares de detención clandestina de 1976 en San Lorenzo

El juez federal Digerónimo recorrió con dos testigos la Unidad Regional XVII de policía y la Municipalidad

San Lorenzo.- En el marco de la investigación sobre la existencia de fosas comunes de la época de la dictadura militar en el cementerio de esta ciudad, el juez federal Omar Digerónimo realizó ayer un reconocimiento de los lugares donde dos ex detenidos aseguran haber estado recluidos en forma clandestina. El magistrado anunció que podría tomar nuevas indagatorias sobre el caso y que los hechos que investiga están en el marco de una tarea mayor que son las violaciones a los derechos humanos en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército durante la dictadura.

La inspección judicial incluyó dependencias de la Unidad Regional XVII de policía provincial y de la Municipalidad de San Lorenzo. Digerónimo y su secretario Guillermo Toledo, estuvieron acompañados por el ex gremialista Manuel Casado y el militante social Carlos Avalos, quienes se presentaron el año pasado ante el Juzgado Federal Nº4 de Rosario cuando se conoció que se tramitaba una causa para verificar la existencia de fosas clandestinas en el cementerio local, oportunidad en la que ambos entregaron un escrito brindando un crudo testimonio sobre sus detenciones ilegales y los vejámenes a que fueron sometidos cuando recién comenzaba el proceso militar.

Consultado por La Capital, el juez Digerónimo señaló que "hicimos un reconocimiento de los lugares en que los dos testigos estuvieron detenidos en 1976" y agregó que pudo constatar que "ambos estuvieron en distintos lugares de la Unidad Regional XVII, uno habría estado recluido en lo que hoy es la Secretaría General y el otro en lo que actualmente sigue siendo la alcaidía. Uno de ellos, el que afirma que en primer lugar fue llevado al edificio de la Municipalidad, reconoció todos los lugares en los que estuvo en ese edificio".


Paliza en la Municipalidad
Según relató Manuel Casado, un ex dirigente del gremio municipal, "en la tarde del 24 de marzo de 1976, mientras caminaba por la popular esquina bancaria de Urquiza y San Martín en San Lorenzo, fui detenido y luego de ser golpeado en el interior de un auto me trasladaron hasta la Municipalidad y después a la Jefatura de Policía".

"Hoy me siento muy emocionado porque desde 1997 vengo denunciando lo que hicieron conmigo cuando me llevaron a la Municipalidad, donde me dieron una verdadera paliza", recordó Casado, quien agregó: "Desde aquel momento nadie me creyó, pero ahora la Justicia está poniendo las cosas en su lugar".

Casado también afirmó haber sido llevado en un automóvil hasta un lugar no muy lejano, donde permaneció un tiempo prolongado hasta que fue trasladado a la Jefatura en calidad de detenido. A raíz de las afirmaciones de Casado fueron citados a prestar declaración testimonial el entonces capitán del Ejército Horacio Maderna, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de la Municipalidad durante el régimen militar, y el actual concejal por el Partido Vecinal, Pedro Pili Rodríguez.

Si bien la causa se inició como un sumario caratulado "Averiguación de la Verdad Histórica en el cementerio de San Lorenzo", con el tiempo aparecieron testimonios y actores que impulsaron la acción penal de la causa que les da marco a las medidas judiciales que se realizaron en la mañana de ayer. "Estas diligencias están encuadradas en el contexto de la causa penal", explicó Digerónimo.

Al ser consultado sobre posibles citaciones para nuevos interrogatorios, el magistrado señaló que "es probable que llame a varias personas para ser indagadas, pero no quiero adelantar nada que pueda invalidar alguna medida procesal", al tiempo que aclaró que "las citaciones guardarían relación con otras y se enmarcan en la investigación de la actividad de lo que fue el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército".

Digerónimo también aprovechó su presencia en San Lorenzo para recorrer el cementerio, donde un grupo de antropólogos investiga la posible existencia de fosas clandestinas, una labor que se convirtió en el desencadenante de toda la investigación.

"Judicialmente, esto se inició con una denuncia sobre presuntas sepulturas clandestinas, pero empezaron a aparecer testigos que denunciaron hechos relacionados con la desaparición de personas, detenciones y torturas en San Lorenzo, por lo que todo se lo tramitó en la misma causa", reseñó Digerónimo.

El juez federal también señaló que "todos estos hechos están en el marco de una investigación mayor, que son las supuestas violaciones a los derechos humanos en el ámbito del Comando Segundo Cuerpo de Ejercito".

El juez Digerónimo escucha el relato de Casado.