Provocadora jugada política de Nina Aragonés para hacer zafar a su esposo

Juárez asumió como ministro para esquivar a la Justicia santiagueña

El ex gobernador y veterano caudillo peronista aguardaba una citación por violaciones a los derechos humanos

El ex gobernador Carlos Juárez fue designado ayer como ministro de Economía santiagueño en una jugada groseramente ideada para ampararse en los fueros que le otorga la Constitución provincial y esquivar una casi segura citación de la Justicia en las causas abiertas por desapariciones y violaciones a los derechos humanos.

Juárez fue nombrado imprevistamente por su esposa, la gobernadora Mercedes Nina Aragonés, como ministro de Economía. En el inédito plazo de 15 minutos le fue exigida la renuncia al hasta entonces titular de la cartera, Pedro Martínez, y se nombró al veterano caudillo, quien cumplirá sus funciones ad honórem.

"La designación de Juárez se basa en la extensa experiencia en el manejo de las finanzas públicas que cumplió en sus distintos períodos de gobierno, caracterizadas por el prolijo equilibrio financiero", destacó un comunicado de prensa.

Juárez, de 87 años, quien es abogado y se desempeñó hasta ahora como asesor del Ejecutivo y el Legislativo, asumió ayer al mediodía luego de prestar juramento ante el jefe de Gabinete, Carlos Pena.

El capítulo 8 de la Constitución santiagueña, en su artículo 167 indica: "El gobernador y vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el fiscal del STJ, el fiscal de Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas serán removibles por juicio político, por causa de mal desempeño de funciones, falta grave o delitos comunes".

Al respecto, el delegado de la oficina Anti-Impunidad en Santiago del Estero, Luis Santucho, opinó que Juárez asumió el Ministerio de Economía "para evitar que la Justicia federal se le venga encima por las numerosas denuncias de muertes y desaparecidos".

Juárez decidió este "autonombramiento" luego de que ayer mismo se presentara a declarar ante la Justicia su ex ministro de Gobierno Robín Zaiek en una causa por la desaparición del concejal Emilio Abdala, en 1975, durante la cuarta gestión del cinco veces gobernador.

Zaiek complicó la situación de Juárez al declarar ante el juez federal Angel Jesús Toledo que el caudillo peronista "tenía pleno conocimiento" de la desaparición del concejal Abdala.


"Se hizo el tonto"
"Ratifiqué que Juárez tenía pleno conocimiento y se hizo el tonto por la desaparición del concejal Abdala, cuando a fines del 75 lo buscaba el Ejército y el comisario (Antonio) Musa Azar fue el encargado de detenerlo", consignó Zaiek.

Zaiek se había mantenido durante todos estos años al margen de acusaciones contra Juárez hasta que hace dos semanas el "arrepentido" Musa Azar lo vinculó en la desaparición de Abdala.

Al ser indagado por Toledo, Azar, detenido e imputado por el doble crimen de La Dársena, declaró que fue llamado de Casa de Gobierno y en el despacho de Zaiek le ordenaron detener al concejal Abdala y luego lo trasladó a la guarnición militar de la que desapareció.

Zaiek corroboró estos dichos en la Justicia y sostuvo que "Juárez estaba al tanto de lo que ocurría, incluso con otros desaparecidos, como el caso del abogado Luis Lescano, que lo levantaron de la plaza Independencia y nunca apareció".

En declaraciones a la prensa, Zaiek indicó que "tendrían que citar en la misma causa al entonces gobernador Juárez y a los militares (Daniel) Correa Aldana y Antonio Bussi".

El coronel retirado Correa Aldana fue jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, donde fue trasladado Abdala antes de desaparecer.

Además de este, Juárez está denunciado por otra treintena de casos de detenidos políticos y delitos de lesa humanidad, entre ellos el caso de su propia ahijada, Sara Alicia Ponce Cavallín, detenida el 11 de junio de 1975.

La abogada, radicada en EEUU, dijo a la Justicia que, tras permanecer incomunicada en la Side, el secretario privado de Juárez, José Marino, le dijo que su padrino "mandaba a decir" que "la dejaban en libertad si decía que era del ERP".

Marino fue más tarde desaparecido, mientras que Ponce Cavallín permaneció detenida durante tres años.

A pesar de que las denuncias, los pedidos de juicio político y de intervención federal a la provincia reclamados por distintos sectores -ayer se sumó uno impulsado por el bloque de diputados nacionales de la UCR- cercan a los Juárez, el matrimonio dio pruebas de que, lejos de retirarse, piensa resistir en el poder.

Hasta el momento, el gobierno nacional consideró que no hay motivos suficientes para disponer una intervención si bien abrió en la provincia varias delegaciones de la Secretaría de Derechos Humanos que se vieron abarrotadas de denuncias.

En tanto, ayer se encontraron más de 40 mil carpetas con informes de políticos, abogados, periodistas y opositores al gobierno en la División Investigaciones de la Policía santiagueña.

Los archivos, ubicados en la calle Sáenz Peña 568 y allanados por orden de la Justicia, fueron elaborados por un grupo de tareas dirigido por Musa Azar, lo que daría cuenta de parte de las tareas de espionaje dispuestas por los Juárez.

Los nombres del fallecido obispo Gerardo Sueldo y del hijo del ex gobernador César Eusebio Iturre figuran entre las 40 mil carpetas. También fueron víctimas de espionaje el intendente de la ciudad de La Banda, el kirchnerista Héctor Ruiz, los dirigentes radicales José Luis Zavalía y Javier Meneghini y el justicialista Mario Rubén Mera, y algunos participantes en las marchas por el esclarecimiento del doble crimen de La Dársena.

Juárez dio otra muestra de poder.