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Un repaso por los desafíos de la universidad argentina

Roberto Follari (*)

A la hora de hacer un repaso por los principales desafíos que le toca vivir a la Universidad Argentina encontramos que, en primer lugar, las universidades -principalmente las públicas, pues las privadas en nuestro país rara vez tienen tradiciones de investigación y docencia calificadas- deben bregar por no bajar aún más la calidad sólo parcial que hoy lucen. Para ello tendrán que ser concientes de lo problemáticas que resultan algunas medidas legales en curso, tal como el permiso a personas sin título universitario para inscribirse en carreras de posgrado -legado de un proyecto de tiempos delarruistas-, o la habilitación de institutos terciarios como "colegios universitarios" donde puedan cursarse los comienzos de las carreras de grado. Sólo con una vigilancia seria y responsable ambas permisiones pueden resultar positivas; de lo contrario, se ahondará más en la mediocridad.

* También hay acechanzas legales externas, como la curiosa apuesta de Unesco para que la educación sea un bien "global". Esta palabra supone nada menos que declarar (en consonancia con lo buscado por la Organización Mundial del Comercio) que se busca llevar el libremercado a su versión más absoluta y perversa, al incluir en él a la educación como servicio transable, y -para peor- internacionalmente transable.

Además de la asunción de lo educativo como un negocio y no como un derecho social, cabe subrayar aquí la imposibilidad en que se encontraría el Estado nacional para regular la libre oferta de cursos y títulos, con lo cual no podría impedir que títulos dados desde fuera del país, aun si fueran pobres en calidad o aberrantes para el interés nacional, tuvieran que ser considerados válidos.

El pretexto para esto es la existencia de nuevas tecnologías como Internet, que serían "incontrolables". Pero sí es controlable el registro de las acreditaciones y titulaciones, a lo cual esperamos que el Estado argentino no renuncie para nada. En ese sentido, fue auspicioso el rechazo que la delegación nacional hizo de este aspecto de la declaración final de la última asamblea de Unesco sobre educación superior reunida en París.

* Otro problema es el colapso parcial de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que al tomar la evaluación de carreras de grado además de las que ya hacía de posgrados e instituciones, está al borde de la imposibilidad de continuar una tarea que -no sin altibajos- ha resultado positiva. Esto daría posiblemente a consultoras privadas el control de las evaluaciones universitarias, según lo permite la Ley de Educación Superior aprobada en tiempos de Menem. Y por supuesto, si los controles sobre estas consultoras no son serios y a la vez ecuánimes, se corren riesgos severos en cuanto a la calidad de las futuras evaluaciones, a la vez que en el ejercicio del gasto que en ello se implica.

* La relevancia social de la institución también está un tanto en duda. En un mundo cada vez más regido por lo mediático, la población hace más caso al periodista que al intelectual, a la imagen que a la letra, y a la velocidad que al pensamiento. Las universidades no parecen hacerse cargo de este cambio de situación realmente epocal, que las des-sitúa y obliga a una modificación de sus relaciones con la sociedad y sus modalidades de información y comunicación.

En este sentido, la Universidad muestra cierta incapacidad para mostrarse relevante. Las ciencias sociales no están respondiendo con claridad a los nuevos problemas de la sociedad argentina y latinoamericana, como son la seguridad, el narcotráfico o el manejo de la deuda. La capacidad para promover grupos de investigación a la vez rigurosos en lo conceptual y pertinentes en lo temático, es muy escasa. La universidad debiera ser el "cerebro social" de la crisis, el lugar donde se la conceptúe y formalice, donde se la discuta y se le encuentre alternativas. En cambio, casos como el grupo Fénix para el caso de la economía argentina son por completo excepcionales. Por ahora, la Universidad se muestra sin capacidad para hacerse cargo fecundamente de las problemáticas sociales más urgentes.

* Los posgrados deberán ahora sedimentar hacia una afinación de su calidad, ya que estamos de a poco finalizando un "boom" inorgánico y algo caótico, donde el control de Coneau ha separado en parte paja de trigo, pero no han dejado de instalarse carreras de escasa excelencia (sobre todo en ciertos espacios privados), títulos otorgados en otros países con mucho menos exigencias que en el nuestro, e incluso títulos dados en nuestro país por universidades extranjeras según la legalidad de sus países de origen. Será hora de ir regularizando del todo la situación, e ir tipificando la diferencia de calidad que sin dudas existe entre las diferentes ofertas.

* La investigación está asolada por un pragmatismo creciente, cortoplacista y utilitario. Estamos cansados de escuchar los cantos funcionariales a la "sociedad de la información" según los cuales el saber es la nueva forma del capital. A la hora de los financiamientos, sin embargo, tal primacía no se nota. Y ello, porque sólo unos pocos saberes son convertibles rápidamente en valor agregado de los productos.

Todo lo no inmediatamente aplicable, léase discusiones teóricas, pensamiento crítico, ciencia básica, humanidades, etcétera, ha pasado a ser execrado por el funcionariato encargado del financiamiento, en nombre de las (pretendidas) urgencias de la realidad. Por supuesto, la ciencia debe asumir un definido compromiso social: pero este va mediado por la conceptualización y la teoría, no es una respuesta "punto a punto" a la demanda explícita. Si Einstein hubiera dependido de los actuales financiadores, sin dudas no tendríamos teoría de la relatividad.

* Y por supuesto, habrá que resolver de una vez la larga contradicción entre una amplia matrícula y una bajísima tasa de titulación en carreras de grado. O se hace un ingreso más exigente que impida el desgranamiento permanente de alumnos que entran sin suficientes posibilidades -por razones diversas-, o se garantizan sistemas de retención que exigirían un número mucho mayor de docentes y una mejor y mayor infraestructura. Pero seguir dejando ingresar a casi todos los aspirantes para luego expulsarlos en el camino, está más cerca de la demagogia que de la justicia social, y es una marca de ineficacia por demás evidente.

u En fin, habrá que mejorar la capacidad administrativa y gestional -muy poco profesionalizada en el país- y agilizar los mecanismos decisionales, que debieran ser más democráticos y menos burocráticos que hasta ahora. Todo un programa, como bien se ve, de cuestiones por enfrentar, lo cual no resulta fácil dentro de un panorama de restricciones financieras que por ahora son en alguna medida inevitables.

(*) Doctor en educación, docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo

El ingreso, tema de polémicas permanentes.