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 sábado, 06 de marzo de 2004

Un juez de EEUU mantiene inhibidos fondos del Correo
El magistrado pide garantías de que la plata no será utilizada por el Estado. El gobierno puede apelar

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, mantuvo ayer la indisponibilidad sobre las cuentas del Correo Argentino en los Estados Unidos hasta no se garantice que esos fondos no serán utilizados por el Estado, pero reconoció que el dinero de las dos cuentas pertenecen a la empresa y no al Estado argentino.

La medida fue dictada en el marco de una causa que se había iniciado por una presentación del fondo Macrotecnics, que pidió el embargo de dos cuentas por 19 millones de dólares para intentar cobrar una inversión por 500 mil dólares en bonos argentinos.

"El juez reconoció ayer que el dinero depositado en dos cuentas del Correo Argentino pertenecen a la empresa y no al Estado argentino, pero mantuvo congelado el dinero hasta tanto el gobierno otorgue garantías de que estará disponible si hiciera falta aportarlo a la quiebra de la empresa", indicó la oficina de prensa del Palacio de Hacienda.

El dinero por un total de 19 millones de dólares está depositado en una cuenta en la banca Lehman Brothers y en otra del BNP Paribas y su libre acceso fue trabado pues el fondo inversor intenta demostrar que de allí el Estado argentino puede cobrar su parte de la quiebra de la empresa.

"El juez resolvió que el dinero es del Correo y por ende pertenece a la masa de la quiebra", explicó la fuente, quien añadió en los próximos días el gobierno decidirá si "acepta ofrecer la garantía o si en cambio apela" la decisión judicial.

La medida judicial se conoció luego de la audiencia que se celebró ayer por la tarde en Nueva York y de esta forma el juez reconoció que el dinero no pertenece al Estado argentino y por eso no puede ser embargado para que un acreedor recupere su dinero.

Los reclamos en la Justicia por parte de los acreedores sólo pueden efectuarse sobre bienes del Estado argentino y no sobre bienes de los particulares.

En este caso los demandantes pretendían que la Justicia considere que el Estado argentino es acreedor del Correo Argentino y por tanto podría cobrar su parte de la quiebra de la empresa con una porción del dinero depositado en esas cuentas.

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