DICIEMBRE TRAGICO

Otro pedido sobre si existieron órdenes

Una demanda sugiere que el ex jefe policial Jorge Pupulin pudo incurrir en delito también si no bajó instrucciones

Los integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001 solicitaron a la Justicia que determine si quien por entonces estaba a cargo de la Jefatura de Unidad Regional II, el comisario general Jorge Pupulin, cometió delitos tanto si impartió como si no impartió órdenes directas para controlar la convulsión social desatada en aquellos días, en los que murieron siete ciudadanos civiles en Rosario.

El pedido, presentado el viernes ante la fiscalía, destaca que las siete muertes se produjeron en ámbitos donde intervenía la policía en operativos de control. Y que si no se bajaron órdenes específicas de acción hubo incumplimiento de deberes de funcionario público. El texto indica que de las investigaciones que lleva adelante el juez Osvaldo Barbero se desprende la posible comisión de conductas reprochables dentro de la policía provincial. Y que Pupulin declaró, según un informe a la Cámara de Diputados de la provincia, que la jefatura a su cargo no había recibido órdenes directas o instrucciones específicas del gobierno para actuar en esa crisis.

Lo que alega la Comisión -que integran legisladores, académicos y organismos de derechos humanos- es que de acuerdo al Reglamento Orgánico de Unidades Regionales (Rour), Pupulin tenía a su cargo la planificación, coordinación, control y ejecución del operativo policial montado los días 19 y 20 de Diciembre de 2001. Y que, ante la convulsión pública, los operativos demandaban una acción coordinada que no podía quedar librada al azar: según el artículo 1 del Rour, indica la entidad denunciante, a Pupulin le correspondía "planificar, conducir, y ejecutar las operaciones especiales y generales de seguridad".

Para sostener que el jefe era responsable de las órdenes, la Comisión alude ala sentencia reciente del juez correccional santafesino Raúl Candioti, que usando esos argumentos condenó a cuatro comisarios por incumplimiento de sus funciones a raíz de la violenta represión de una marcha de bancarios en marzo de 1996 frente a la Legislatura provincial. En aquella ocasión, esos oficiales tenían a cargo 237 efectivos que dijeron desconocer cómo actuar y no haber recibido instrucciones.

Entre otras cosas, la presentación del viernes solicita al fiscal que se remitan los originales de las órdenes de operaciones que -de acuerdo al Rour- debieron emitirse por la Jefatura de Rosario.