Enfoque de Juan Lewis, especialista del Colegio de Abogados

"Toda la ilegalidad que sufren los presos retorna en violencia"

Muertes anunciadas por las víctimas, reclamos justos desoídos, derechos que son negados, como las visitas, y abusos de la guardia explican la reiteración de los motines

"Las muertes que ocurrieron en el motín realizado en marzo en la cárcel de Coronda, está probado, fueron anunciadas por las víctimas, que habían solicitado su traslado a las autoridades y le habían manifestado sus temores a sus familias". Juan Lewis, director de la pasantía de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de Rosario, remarca que una de las cuestiones que abona la violencia tanto en cárceles como en comisarías es que "estos lugares son utilizados como depósitos de personas". A esa violencia la registran diferentes indicadores. Uno es el anuncio de muertes previsibles que, sin embargo, ocurrieron. Otros se hicieron sentir la última semana: hubo tres motines en comisarías de Rosario en reclamo de condiciones mínimas de alojamiento y trato, y un alzamiento masivo en la cárcel de Coronda, en el que perdió la vida otro interno y un alto número resultó herido con golpes o armas blancas. El sistema carcelario de Santa Fe, responsable de la vida de los internos que aloja, debe dar cuenta de la muerte de más de 40 detenidos en los últimos tres años.

La situación carcelaria, dice Lewis, reconoce tres distinciones: su condición de meros depósitos, la ausencia de vías para canalizar los conflictos de los internos -que liga a la falta de interés de las autoridades por encontrar una solución- y la falta de una política penitenciaria que vaya más allá de proyectar más plazas y perfeccionar los mecanismos de represión y castigo.

"La ley estipula requerimientos específicos para los condenados y obligaciones para los procesados, dado que es gente que no tiene sentencia condenatoria que haya declarado su culpabilidad" señala Lewis, remarcando que junto a los estándares legales de nuestro país, Santa Fe también incumple las normas internacionales incorporadas a la legislación.

"La ley indica que hay que discriminar los lugares de alojamiento de acuerdo a las necesidades de resocialización de los detenidos: la cercanía con la familia, la posibilidad de reintegro al medio libre y los eventuales conflictos que pudiera tener con otros internos", señaló. Y apuntó las muertes anunciadas antes del motín de marzo. A excepción de la intervención de un juez, los presos no tienen manera de contrarrestar la imposición de convivir con enemigos, con el riesgo que eso implica para su integridad física. "No tienen una protección jurídica eficaz y los jueces reniegan de verificar conflictos internos", indicó.

Lewis apunta que la ley penitenciaria exige un abordaje individualizado de los internos, que contemple la problemática particular de cada persona. Pero asegura que el Servicio Penitenciario (SP) define los alojamientos respondiendo a criterios físicos y de disponibilidad. "Con pautas absurdas, porque los ingresos se realizan en pabellones donde están alojados presos con problemas de conducta y los recién llegados tienen que lograr buenas calificaciones para cambiar de pabellón, lo que demuestra la irracionalidad o comodidad burocrática", aseguró.

La forma de "llegar" a los pabellones de buena conducta, con permisos para estudiar o trabajar, depende de la conducta y el concepto del interno. En esas calificaciones también reinan las arbitrariedades, sostuvo Lewis. El concepto está fijado por un supuesto organismo técnico criminológico "que se rige sin criterio científico", indicó. "Es un juicio sobre el grado de inserción logrado por el penado con criterios arbitrarios, sobre los cuales es imposible pelear ni argumentar porque no son claros", señaló. "Debería propiciarse un avance sujeto a pautas objetivas, realizables y contradecibles", sugirió. Muchas veces la calificación de conducta depende de los guardiacárceles. "Al menos existen pautas objetivas que permiten saber que es una infracción y que no. Aunque si un guardiacárcel dice que se cometió una infracción es muy posible que, aunque sea una falsedad, se aplique una sanción".

Otra de las ilegalidades del sistema carcelario consiste en la utilización de celdas para castigos "informales, fuera de toda legalidad y control" como la utilización de esos espacios para alojar a detenidos que tienen problemas de convivencia y quedan sometidos a un régimen de prohibiciones aún más allá de los plazos legalmente establecidos.

"Alojamiento no sólo es higiene, iluminación y ventilación. Requiere un análisis de las características de los pabellones y sus integrantes, porque hace al proceso de resocialización", agregó.

Lewis marcó otra diferencia con el discurso oficial, que priva de los derechos estatuidos porque los considera "beneficios". Ejemplo: las visitas íntimas. Y sostiene que todas las consideraciones que marca la ley "constituyen un derecho independiente del éxito del tratamiento socializador".

Lewis asegura que esas deficiencias son las que perciben los detenidos y motivan los reclamos. "La arbitrariedad e inseguridad del preso respecto de la vigencia de sus derechos de integridad física, salud, alimentación, y la falta de canales jurídicos para plantearlas, terminan canalizando los reclamos a través de la violencia. Motines y huelgas de hambre resultan las únicas formas que tienen los detenidos para hacerse escuchar, cuando lo que dicen es que están siendo víctimas de abandonos muy graves, que tienen que ver con derechos fundamentales".

Sin embargo, los motines tampoco logran cambiar los motivos de reclamos. "No hubo ningún interés serio en solucionar cuestiones a partir del motín anterior en Coronda", aseguró el abogado. "La única respuesta fue crear un grupo especializado en reprimir esa clase de conflictos, un grupo de choque especializado en represión, que es la política desde hace la algunos años en Santa Fe", después de las gestiones de cambio que impulsó el ex ministro de Gobierno Roberto Rosúa, y que desandaron los cuatro funcionarios de la administración de Carlos Reutemann: Angel Baltuzzi, Lorenzo Domínguez, Esteban Borgonovo y Carlos Carranza.

Una y otra vez se suceden las protestas.