Presentaron el nuevo manual de clasificación de la discapacidad

La Organización Mundial de la Salud cuestiona el concepto tradicional y evalúa el contexto social, familiar, cultural y laboral

María Laura Favarel / La Capital

Una nueva publicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) redefine el concepto de discapacidad. No la presenta como un problema de un grupo minoritario, ni de personas con una deficiencia visible o inmovilizados en una silla de ruedas, sino que desplaza el interés hacia la vida y considera cómo viven, los problemas de discapacidad y su repercusión en el ámbito familiar, social y laboral.

Mientras que los clasificadores tradicionales publicados en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) se basan el diagnóstico y las tasas de mortalidad (defunción) de las enfermedades, la CIF considera la discapacidad y su repercusión en la relación de las personas y su contexto, con el fin de lograr una sobrevida productiva y satisfactoria. "Ya no se habla más del diagnóstico etiológico, sino de funcionamiento, estructuras y actividad. Es decir, de la posibilidad de que una persona que padece determinada discapacidad participe o no en el contexto laboral, social, cultural, familiar, político, económico, según existan o no barreras en la sociedad que lo rodea" explicó el doctor Héctor López Zamora, master en valoración de discapacidades por la Universidad Autónoma de Madrid, quien coordinó el primer curso de difusión en Rosario y el país. Precisamente Rosario fue la primera ciudad donde se dio a conocer el recientemente publicado manual.

"Esta clasificación permitirá la recolección de información valiosa que si es aprovechada para las estadísticas permitirá elaborar políticas de Estado para atender el problema. No es lo mismo un discapacitado que vive en pleno centro de Rosario que otro que -con la misma deficiencia- habita en la puna salteña", argumentó el especialista.

La primera Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías se editó en el •80 y ordenaba las problemáticas desde un concepto médico tradicional. En 1990 comenzó la revisión de este concepto y a partir de enero de 2001 se aprobó la nueva clasificación internacional.

La presentación se efectuó en la Facultad de Odontología de la UNR, bajo la dirección del profesor doctor Gregorio Gómez Jarabo, director del master en Valoración de Discapacidades y Daño Corporal de la Universidad Autónoma de Madrid y el profesor Ovide Menin, decano de la Facultad de Psicología. La actividad contó con la colaboración del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de España (Imserso). El organismo entregó ejemplares a los asistentes.


Situación nacional
Durante la reunión, López Zamora instó a los profesionales a informarse sobre la tendencias mundiales en discapacidad. Al respecto comentó que Argentina "ni siquiera adoptó la primera clasificación publicada en el •81. Esto muestra que llevamos 20 años de atraso", subrayó. "Adoptar esta nueva clasificación permitirá al país recuperar el tiempo perdido. A partir del manual se podrán recoger datos y descubrir las condiciones de vida de los pobladores", insistió López Zamora. La primera vez que se intentó conocer la cantidad de discapacitados que habitan en el país fue en el censo del 2001.

"A través de la difusión del nuevo manual aspiramos a que, además de que se realice una efectiva clasificación, el Estado disponga -como sucede en otros países- la creación de organismos de valoración de la discapacidad a los fines de elaborar estadísticas confiables", explicó el médico.

En España funcionan entes de valoración de la discapacidad donde equipos interdisciplinarios formados por médicos, asistentes sociales y psicólogos otorgan a quienes lo solicitan una clasificación a través de la cual obtienen los beneficios que otorga el Estado. Hasta el •99 la ciudad de Madrid había clasificado casi 1.300.000 personas, conforme el manual CIF. "Conocen cuántos discapacitados existen del aparato locomotor, cuántos de estos tienen problemas de la pierna derecha o en la izquierda o en ambas piernas, cuántos son parapléjicos y cuadripléjicos. Saben el total de discapacitados mentales y cuántos son deficientes sensoriales. Esto les permite proyectar políticas que atienden las necesidades concretas", dijo.

"Mientras sigamos declamando en lugar de aplicar las leyes que tenemos, los afectados van a seguir siendo el pretexto para que algunos queden bien con organismos internacionales", remató.


Política centralizada
En Argentina una persona tiene acceso a beneficios siempre y cuando su discapacidad supere el 33%. Esto significa rebaja de impuestos, gratuidad en los transportes y acceso a las piletas públicas en forma gratuita, entre otras ventajas. Cuando la deficiencia es muy superior y ya excede las posibilidades laborales se otorgan las pensiones no contributivas, suspendidas a partir de diciembre del 2001.

Si bien en la ciudad existen programas que abordan la problemática, se trata de proyectos dispersos y de ninguna manera constituyen un accionar centralizado.

Sobre el particular López Zamora afirmó que en el •99 España destinaba 2.400 millones de dólares a la atención de estos problemas, mientras que Argentina, en 1995, si bien iba a recaudar 240 millones con este fin, por desconocer las necesidades de la población no se efectuaron las asignaciones presupuestarias. Año tras año el presupuesto fue bajando hasta que en diciembre del 2001 se dispuso suspender la asignación de fondos. Así surgieron las ONGs que trabajan en la búsqueda de subsidios.

"Es necesario que exista una política nacional centralizada. La Constitución del •94 -explicó- impuso al Congreso nacional la redacción de un código de la Seguridad Social, con un capítulo destinado al tema. Sin embargo, aún no se redactó ni siquiera el encabezamiento", apuntó López Zamora.

Si bien existe una ley nacional, la disparidad legal es enorme. El especialista comentó que en la provincia existen 24 leyes, que se suman a los más de 83 decretos reglamentarios redactados hasta el •99, junto con las leyes modificatorias. "Esto demuestra una vez más que las leyes son ficticias o que por lo menos no se cumplen", subrayó.

Es necesaria una política para las necesidades.