Piden el procesamiento de Cavallo por el megacanje

Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron al juez federal Jorge Ballestero el procesamiento del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por haber defraudado al Estado nacional con la renegociación de los títulos de la deuda externa, conocida como megacanje.
Los fiscales ya habían pedido hace un año el procesamiento de Cavallo y los ex funcionarios Daniel Marx, Julio Dreizzen y Jorge Baldrich, pero entonces el juez sujetó esa resolución al resultado de una pericia contable ordenada "para establecer los verdaderos alcances económicos y financieros de la operación investigada".
La Cámara Federal tiene antecedentes según los cuales la pericia contable es necesaria para procesar por delitos como administración fraudulenta contra el Estado nacional, en el cual los fiscales encuadraron la conducta de Cavallo y sus ex colaboradores.
Como días atrás Ballestero recibió el estudio encomendado a los especialistas, Freiler y Delgado afirmaron que ahora "están dadas las condiciones" para que se expida sobre sus pedidos y los efectuados con igual tenor por los diputados nacionales Mario Cafiero, Elisa Carrió y Graciela Ocaña.
"Las circunstancias apuntadas fuerzan la renovación de los pedidos formulados", afirmaron los fiscales, para quienes Cavallo y Marx son autores de defraudación a la administración pública, y Dreizzen y Baldrich "partícipes necesarios" del delito, por lo que requirieron que también sea indagado el banquero y ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, David Mulford, quien manejó buena parte de la operatoria.
En la causa consta un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) del que surgen las supuestas anomalías en la instrumentación del megacanje de la deuda externa. "Se han detectado falencias en la instrumentación de la operatoria en la etapa de definición del convenio con los operadores intermediarios, implementación de las liquidaciones y pagos y su registración", concluyó la Sigen con relación a la operación realizada al amparo del decreto presidencial 648/01.
En abril de 2002, cuando fue interrogado por el magistrado, Cavallo afirmó que no existen indicios de actitudes delictivas en la renegociación de la deuda externa, aunque reconoció que se pagaron "tasas altísimas" en esa operación.
Los fiscales sostienen que Mulford fue quien proyectó e impulsó el "negocio", y el que se acercó a los funcionarios para que se concretara el "ardid estafatorio", corroborado luego por el entonces presidente De la Rúa, con el dictado del decreto 648/01 que autorizó la operación.
El informe de la Sigen marcó "debilidades de control interno en los procedimientos previstos para esa operatoria", lo que para los fiscales "genera incertidumbre sobre el universo de gastos realizados, y puede ocasionar futuros reclamos por servicios prestados por montos que superen el tope dispuesto por el decreto".
Así, de acuerdo al dictamen, "se indujo a un error que derivó en un perjuicio a las arcas públicas, con un aumento de la deuda en 55 mil millones de pesos", según los cálculos judiciales. La causa se abrió por denuncia del dirigente justicialista Juan Labaké, a la que luego se sumaron otras dos presentaciones.