El Fondo Monetario Internacional (FMI) resolvió que no habrá revisión del acuerdo suscripto en enero con el gobierno argentino hasta que la nueva administración que se hará cargo el próximo domingo resuelva qué hará con la suspensión por 90 días de los remates por deudas hipotecarias sancionada por el Parlamento.
Así lo señaló ayer el vocero del FMI, Thomas Dawson, en una conferencia de prensa brindada en Washington. El representante de la entidad internacional remarcó que "fue un tema que se discutió cuando la misión estuvo en Buenos Aires y es un asunto que aún no está resuelto".
Dawson indicó que la segunda revisión del acuerdo "no ha sido concluida", al tiempo que agregó: "No tengo fecha para una posible acción del directorio al respecto. En el área estructural algunas acciones (pautadas en el acuerdo como la no postergación de los remates hipotecarios) han sido aplazadas y estamos en estrecho contacto con las autoridades y esperamos estar en contacto con el nuevo gobierno para escuchar sus plazos para avanzar con estas acciones", indicó el vocero.
El funcionario del Fondo remarcó que "un tema particular que creo es bien sabido que nos ha preocupado es la reciente acción legislativa en la extensión de 90 días para ejecuciones hipotecarias, y esperamos tener noticias de las autoridades sobre cuáles serán sus próximos pasos en estas áreas".
La medida fue decidida el 9 de mayo por el Congreso, que dispuso prorrogar por 90 días hábiles un artículo de la ley de emergencia económica que prohíbe la ejecución de hipotecas cuando la propiedad del deudor es su única vivienda.
Esta es la segunda vez que el Congreso dispone la ampliación de los plazos para que comiencen a ejecutarse las hipotecas impagas, y el presidente Eduardo Duhalde ya descartó que la decisión de los legisladores sea vetada. Una de las exigencias del Fondo, especificadas en el acuerdo transitorio, es precisamente que no se extiendan los plazos de prohibición de la ejecuciones.
De todos modos, Dawson afirmó que el directorio del FMI espera trabajar con el nuevo gobierno que tiene un número de caras familiares "con las cuales hemos desarrollado una relación sólida y buena".
"En el frente económico, vemos recientes desarrollos macroeconómicos como muy alentadores en términos de fortalecimiento del sentimiento del mercado, acumulación de reservas y el crecimiento y la inflación mejores a lo proyectado", destacó Dawson.
En ese sentido, indicó que el programa financiero está encaminado, y remarcó que desde el Fondo le dan la bienvenida al progreso en la liberalización de los depósitos bancarios, el control de cambios y el comienzo del rescate de las cuasimonedas.
El acuerdo con el FMI, por el que se reprogramaron los vencimientos con los organismos multilaterales por 11.000 millones de dólares, vence el 31 de agosto, apenas un mes después de que Néstor Kirchner asuma la primera magistratura.
La objeción realizada por el FMI se refiere al artículo 30 del "Memorándum de Políticas Económicas" que formó parte del acuerdo de transición que el 27 de enero la Argentina firmó con el organismo. Allí el gobierno se comprometió a que "durante el período del programa no se aprobará ninguna ley u otro instrumento jurídico que permita una suspensión involuntaria del derecho de los acreedores".
El texto comienza haciendo una evaluación de los pasos seguidos por el gobierno sobre la situación de los deudores bancarios y recuerda, entre otras cosas, que: "La disposición de la ley de emergencia de febrero que suspendía ciertas acciones de ejecución de acreedores fue modificada y prorrogada por 90 días en agosto de 2002". Además añade: "Dicha disposición quedó sin efecto en noviembre de 2002, luego la Asociación de Bancos anunció otra prórroga voluntaria hasta febrero de 2003".
Luego asegura que: "Al finalizar la prórroga voluntaria, el gobierno asegurará que no se tomen otras medidas no voluntarias que limiten el cumplimiento de los derechos de los acreedores y que la totalidad de las disposiciones de la ley de quiebras se mantengan vigentes".
En los últimos párrafos del artículo se consigna que: "Los procesos de ejecución no financieros con relación a las pymes serán objeto de una revisión (para el momento de la primera revisión) junto con personal del FMI" y el gobierno se compromete a que no se sancionen leyes que suspendan las ejecuciones.
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La Ciudad
