Hugo Vitantonio (*)
Faltan ya pocos días para la tan esperada elección presidencial y el tema cultural no aparece instalado en la agenda de los candidatos, lo que hace suponer una suerte similar al momento de iniciarse la nueva gestión. A pesar de ello, agrupamientos de artistas, intelectuales, creadores, artesanos, etcétera, organizan encuentros locales y nacionales buscando espacios ciertos de participación.
Los equipos de Adolfo Rodríguez Saá, por ejemplo, coordinados por Susana Vellegia, realizaron su congreso de cultura nacional y popular bajo la consigna: "Lo argentino como categoría de lo hermoso". La propuesta aparece interesante desde una perspectiva teórica, pero poco sustantiva al momento de querer montar sobre ella el diseño de "políticas" culturales.
Juan Carlos Romero y sus equipos preparan un Congreso Internacional de Cultura en el Mercosur para el mes de mayo en Salta.
Kirchner, en cambio, aparece como la continuidad oficial, es decir: el modelo productivo, y desde allí expresa su propuesta. Detengámonos un instante y veamos cómo ha funcionado este modelo en manos de su mentor Eduardo Duhalde.
Hasta la vigencia de la convertibilidad, el Estado nacional invertía aproximadamente 112 millones de pesos o dólares anuales en cultura, para distribuir entre 36 millones de habitantes, en tanto México, a modo de referencia, invertía 425 millones para cien millones de habitantes y España 600 millones para 40 millones de habitantes.
Con la llegada de la pesificación asimétrica, esta relación se pulverizó. Duhalde invirtió durante el 2002, aproximadamente la misma suma pero pesificada, lo que significa aproximadamente 40 millones de dólares. Si esta inversión la vinculamos al aumento de la inflación durante el 2002, se observa que la inversión en cultura cayó un 40% aproximadamente.
Por último, la izquierda cultural, con muy pocas posibilidades electorales, pero poblada de nombres destacados, intenta concretar un "juicio a la cultura" asumiendo un rol de fiscal, especie de voz de la conciencia, que como referencia se torna necesaria pero poco eficaz y bastante prejuiciosa para el diseño de políticas concretas.
Tanto Rodríguez Saá como Kirchner y Romero, aparecen como gobernadores interesados en el tema cultural. El primero de ellos, a valores convertibles, invirtió aproximadamente 20 millones de pesos o dólares en el año 2001 destinados a la promoción de actividades cinematográficas. Esta cifra no es menor si tenemos en cuenta que para el mismo período el Instituto Nacional de Cinematografía invirtió aproximadamente 30 millones. Kirchner proyectó un gasto similar para el mismo período pero destinado a infraestructura. Romero, por su parte, destinó importantes sumas a la construcción del Centro Cultural Provincial y a la creación de una niña bonita para la provincia: la Orquesta Sinfónica de Salta. Esta creación, más allá de los éxitos artísticos obtenidos, tiene desde el punto de vista de la gestión dos datos importantes: se conformó mediante un llamado a concurso internacional, y se administra desde una sociedad del Estado con autonomía jurídica y presupuestaria.
Pero veamos. Esta generación de gobernadores "buenos administradores" ubicados en la grilla de largada para la carrera presidencial, creció bajo el auspicio de la convertibilidad y la estabilidad económica de la década de Carlos Menem, el tercero en discordia de la trilogía justicialista para el 27 de abril. Curiosamente, la década de Menem no tuvo a las políticas culturales en el centro de la escena, sin embargo su modelo permitió estos fenómenos provinciales y otros igualmente destacables en el ámbito de los emprendimientos privados, impensables en otro contexto, como el Museo de Arte Latinoamericano (Malba), la muestra ArteBA, etcétera.
Así las cosas, el próximo secretario de Cultura tendrá ante sí el siguiente escenario: un gobierno nacional atendiendo urgencias (agenda del hambre, renegociación con organismos internacionales, desempleo, inseguridad, retrasos salarial y tarifario insostenibles, etcétera), un presupuesto pulverizado, y muchas demandas sectoriales. No parece ser el escenario ideal para gestiones lucidas, pero aun en esas condiciones es mucho lo que se puede y debe hacer.
Argentina tiene una importante deuda parlamentaria para con la cultura, y la falta de leyes acordes priva al gobierno de herramientas adecuadas para la gestión. Estas leyes son: ley nacional de música, para reubicar a los organismos sinfónicos y corales nacionales, reposicionar el Instituto de Etnomusicología y Folklore y orientar una política de promoción de la industria discográfica. Ley nacional del libro, tendiente a generar condiciones de competitividad en el sector e igualar el IVA entre el tramo editorial y el gráfico. Ley nacional de preservación del patrimonio cultural (incluyendo el espacio subacuático). Reforma de la ley 11.723 (de propiedad intelectual) para ser adecuada al acuerdo TRIP’s e incorporar el capítulo de copia privada. Leyes especiales vinculadas a la condición social del artista ya previstas por la Convención de Belgrado y ley de mecenazgo para optimizar el financiamiento de los emprendimientos culturales.
Encarar con decisión estas acciones legislativas debe ser el plan para una época de vacas flacas. Puede faltar algo, pero no cabe duda que este debate abarca la totalidad del espacio cultural nacional. En estas condiciones, con el sector movilizado, trabajando, produciendo y reconstruyendo consensos, aun sin recursos, las políticas culturales tienen una opción relevante en el escenario post electoral. De no ser así, nuevamente tendremos funcionarios del área que serán verdaderos objetos decorativos, mucho más cerca del protocolo y las veladas de gala que de la gestión cultural.
(*) Master en gestión y políticas culturales del Mercosur
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La Ciudad
