La zona VIII de Salud de la provincia, con epicentro en Rosario, recibirá 16 mil dosis de vacunas antigripales provenientes de la Nación, que serán aplicadas a adultos mayores de 65 años, y a adultos y niños con enfermedades pulmonares, cardiovasculares crónicas, metabólicas crónicas y con terapias de largo tratamiento con aspirina.
En cada caso deberán acreditarse por certificación médica la pertenencia a alguno de estos grupos y la condición de carente de obra social, salvo afiliados por ley 5.100.
También las recibirán el personal de salud del sector público y de los establecimientos educativos provinciales.
La inoculación forma parte de un plan que abarca a toda la provincia, la que contará con 40 mil dosis enviadas de la Nación para distribuir en las distintas zonas de salud provinciales.
Mientras tanto, 28 oferentes se presentaron en la licitación del Ministerio de Salud para la adquisición de medicamentos por un monto total de 2.945.499 pesos.
Los remedios que se adquieran serán destinados a los efectores públicos de la provincia.
Juntas de salud mental
En otro orden, el ministro de Salud de la provincia, Fernando Bondesío, aprobó la reglamentación de la ley que permite la conformación de juntas especiales para el análisis de casos judiciales, integradas por profesionales de la salud mental y del derecho, colegios profesionales y establecimientos privados de salud mental. Las funciones de estas juntas serán recibir los oficios y pedidos de la Justicia, dictaminar sobre el lugar para desarrollar los tratamientos y acerca de la presunta inimputabilidad e incapacidad para actuar en procesos penales, entre otras.\Asimismo, funcionará un comité permanente e interdisciplinario de dictámenes, conformado por profesionales elegidos por el Ministerio de Salud, cartera que además prestará apoyo para el funcionamiento de las juntas ad hoc.\Estas juntas se formarán para dictaminar cada caso en particular: verificarán el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para proceder a la internación, el alta definitiva o la continuación del tratamiento en forma ambulatoria, y denunciar a la Defensoría de Menores e Incapaces los casos de agravamiento de las condiciones de privación de libertad, entre otros.
La Ciudad
