El paquete fiscal apenas avanza con pequeños pasos. El intento de aprobación de los cambios sobre el impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC) fracasó ayer en el Senado y fue girado nuevamente a la comisión de Presupuesto y Hacienda. De todos modos, el gobierno nacional, urgido de estas leyes para cumplir con los compromisos asumidos con el FMI, tuvo su premio consuelo: la Cámara de Diputados convirtió en ley dos proyectos que permitirán mejorar la recaudación: la eliminación de los beneficios tributarios creados por los planes de competitividad y la modificación que obliga a los exportadores a pagar el impuesto a las ganancias sobre los reintegros.
Según la explicación que dio el justicialista Oscar Lamberto, el motivo de la sorpresiva postergación fue la diferencia de información respecto del impacto de las modificaciones entre distintas áreas del Ministerio de Economía. "No podemos tratar seriamente este tema si antes no concurren a la comisión los secretarios de Hacienda y Energía para explicar por qué hay datos diferentes sobre el impacto del impuesto", argumentó Lamberto.
Esa moción también fue apoyada por el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, quien consideró que hay que esclarecer situaciones para poder votar con convicción y seriedad.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo consiste básicamente en transformar el ITC en un porcentaje variable en vez de una suma fija como es actualmente. Lo llamativo del caso fue que antes de que decidiera el pase a comisión, el PJ había modificado el texto que aprobaron los diputados para elevar las alícuotas originalmente estipuladas.
Jorge Capitanich se encargó de explicar la nueva escala de porcentajes sin aclarar por qué se aumentaban los montos y sin sospechar que minutos después su exposición sería absolutamente superada por los planteos del resto de su bancada. "Alguien me puede explicar por qué en menos de una fase lunar se propone aumentar la alícuota para naftas del 64 al 70,5 por ciento, con el altísimo impacto que significa para los consumidores", bramó el radical Raúl Baglini en un discurso que empezó a definir el final del tratamiento.
De acuerdo a esa propuesta fundada por Jorge Capitanich establecía que las naftas sin plomo hasta 92 RON deberán tributar el 70,5 por ciento; las naftas sin plomo de más de 92 RON el 62 por ciento; y las naftas con plomo de más de 92 RON el 62 por ciento. Para las nafta virgen, Capitanich mantenía el mismo porcentaje que diputados, es decir del 64 por ciento, y para el gasoil proponía rebajar del 22 al 19 por ciento del precio de refinería.
Pero ahora el proyecto quedará postergado hasta que las comisiones de Presupuesto y Energía reciban los informes de los secretarios de Ingresos Públicos, de Energía, y emitan el dictamen correspondiente.
Ganancias y competitividad
Además, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley los proyectos para aplicar ganancias por un año sobre los reintegros a las exportaciones y facultar al gobierno nacional a eliminar los planes de competitividad, que otorgaron beneficios impositivos a mas de 40 actividades.
Los diputados aceptaron el cambio introducido en el proyecto de reintegro a las exportaciones que, en vez de eliminar lisa y llanamente la exención del pago del impuesto a las ganancias, estableció que se suspendería su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
La iniciativa fue votada por 94 votos del justicialismo, mientras que el radicalismo, el interbloque federal, el ARI y el cavallismo optaron por abstenerse, con lo cual esta postura reunió 88 voluntades.
Durante la sesión se volvió a plantear la misma polémica que cuando se discutió el proyecto en diciembre pasado, ya que el radicalismo por medio de Jesús Rodríguez volvió a plantear su rechazo a aplicar impuestos sobre los reintegros a las exportaciones. De todos modos, los radicales no respaldaron la moción promovida por el interbloque federal, por medio de Alberto Natale, para que el proyecto vuelva a ser girado a comisión.
En cambio, los diputados mantuvieron la mayoría de los artículos del proyecto sobre planes de competitividad y solo aceptaron el cambio incorporado por el Senado para mantener el beneficio impositivo que tienen hoy los medios de comunicación.
La ley facultará al gobierno a eliminar los planes de competitividad de 45 actividades, que en su mayoría perderían vigencia el próximo 31 de marzo.
Si bien en un principio en la comisión de Presupuesto se había establecido que se iba a insistir con la sanción original de Diputados, luego el justicialismo y el radicalismo acordaron preservar los beneficios impositivos que tienen los medios de comunicación.