La Red de Mujeres descartó ayer la posibilidad de que el gobierno de Nicaragua promueva un juicio contra varias organizaciones que apoyaron el aborto terapéutico. Violeta Delgado, directiva de la Red, dijo que en la interrupción del embarazo de la menor "los padres adoptaron la decisión correcta, estudiaron todas las posibilidades y se actuó conforme a derecho". Dijo que tanto la ministra de Salud (Minsa) Lucía Salvo, quien calificó el aborto terapéutico de "crimen", como la ministra de la Familia Natalia Barillas, quien anunció una investigación sobre el caso, "han actuado a la ligera, desconociendo lo que dice la ley e ignorando el dictamen de una comisión médica" de la cartera sanitaria. El dictamen de la comisión médica del Minsa no indica que no se podía realizar el aborto, advierte los riesgos del embarazo para la vida de la niña y señala que la decisión final la debían tomar los padres, tal como se hizo, sostuvo la militante. La directiva de la ong añadió que tanto el Ministerio de Salud como el de la Familia fracasaron en varios intentos por obstaculizar el aborto terapéutico. Recordó que intentaron despojar de la patria potestad a los padres y tutelar a la menor, solicitaron a la Fiscalía una retención migratoria para evitar que la niña fuera trasladada a otro país para someterse a la intervención médica.
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