La Iglesia Católica de Nicaragua excomulgó a los padres, médicos y grupos feministas que participaron en el aborto de una niña embarazada de nueve años, mientras que el gobierno anunció la apertura de una investigación contra los involucrados, aseguraron ayer fuentes oficiales.
"Se investigará bajo qué circunstancias se practicó este aborto, para ver si hubo violación de la ley", advirtió el ministro nicaragüense de Gobierno, Arturo Harding.
De acuerdo con el funcionario, la investigación incluirá la clínica privada de Managua donde en la noche del jueves último se le practicó el aborto a la niña, cuyo nombre y ubicación es celosamente reservado por los padres, así como a su abogado y tres activistas de la Red de Mujeres contra la Violencia, organización que asumió la representación de los padres de la niña.
La chica, quien tenía 15 semanas de gestación, había quedado embarazada por una violación en Costa Rica, a donde sus padres habían emigrado hace ocho años en busca una vida mejor.
La niña fue sometida a un aborto terapéutico en un centro privado de la capital, luego de que las autoridades del Ministerio de la Salud (Minsa) se negaron a interrumpir el embarazo, alegando que la niña estaba en condiciones de dar a luz.
El aborto se realizó con el consentimiento de los progenitores, María de los Angeles Santos Esquivel y Francisco Fletes, quienes se basaron en el artículo 165 del Código Penal de Nicaragua, el cual establece que "el aborto terapéutico será determinado científicamente con la intervención de tres facultativos (médicos) por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer para fines legales".
"Nuestra misión es salvar vidas. El aborto sólo se da cuando está en peligro la madre, pero la condición física de la niña era estable, al menos hasta el día en que los padres la sacaron de nuestro hospital, el martes pasado" , afirmó la ministra de Salud, Lucía Salvo, quien hizo alusión al hecho de que no había consentimiento de las autoridades de salud para el aborto.
Condena de la Iglesia
Por su parte, la Iglesia Católica nicaragüense condenó el aborto, lo calificó como "un crimen" y pidió que se castigue a los responsables para "que en Nicaragua no siga reinando la cultura de la muerte". "Hacemos un llamado para que se defienda la vida. El gobierno y personas que corresponda deben ser firmes. Vamos a ver si en realidad los dirigentes del gobierno y las instituciones están a favor de la vida o de la muerte", demandó el obispo auxiliar de Managua, Jorge Solórzano.
El obispo acusó a las organizaciones feministas nicaragüenses y extranjeras de "manipular" a los padres para que autorizaran el aborto, así como de impedir que la Iglesia se "acercara a ellos para manifestarles que existía la posibilidad de salvar las dos vidas".
Solórzano confirmó públicamente que los padres, médicos y feministas que participaron en el aborto están "excomulgados" de la Iglesia, que se basó en el Código Canónico para tomar la decisión.
"La Iglesia castiga el aborto directamente provocado, con pena canónica de excomunión, no sólo a la madre y al médico, sino a toda persona que sin su ayuda no se hubiera realizado este delito contra la vida humana", sostuvo el alto prelado católico.
Solórzano dijo que el cánon 1.398 dice que quien procura un aborto "queda excomulgado automáticamente, aunque hayan roto con la Iglesia, pues rompen con el Dios de la Vida".
El obispo auxiliar dijo que la Iglesia Católica ha estado defendiendo la vida de los no natos y reiteró que no estaba de acuerdo con ese aborto procurado, que es una eliminación deliberada y directa de una vida humana.
El obispo añadió que esta situación es parte de "la lucha que sostiene la cultura de la muerte y la cultura de la vida".
Abogados consultados por la prensa local advirtieron que los padres y médicos que practicaron el aborto de forma clandestina podrían ser acusados criminalmente por actuar sin la aprobación de una junta médica autorizada.
No obstante, una junta médica que estudió el caso dictaminó que la vida de la menor corría peligro tanto si se le practicaba el aborto como si continuaba con su embarazo, por lo que dejó la decisión en manos de los padres y no dejó clara la posición gubernamental.
Todavía se desconoce quiénes son los tres médicos que realizaron el aborto terapéutico en la menor, ni el lugar ni los detalles de la operación médica, pero miembros de la Red de Mujeres descartaron en Managua que un proceso contra ellos pueda prosperar.
La asesora jurídica de la Red, Juanita Jiménez, dijo que están listas para responder a "cualquier recurso que puedan introducir (en su contra) los sectores oscurantistas, que lejos de atender una situación sumamente complicada para una menor y su familia se limitaron a poner en riesgo su propia vida".
Por su parte, el ministerio de la Familia, que en un inicio trató de quitarle a los padres la tutela de la niña y amenazó con acusarlos si autorizaban el aborto, dijo que estudiará el caso antes de tomar eventuales represalias judiciales. (DPA y AFP)
La Ciudad
