La Paz. -Al menos nueve personas murieron durante marchas obreras, bloqueos de rutas y saqueos ayer en Bolivia, un día después de que choques entre policías amotinados y soldados causaron 18 muertos y 83 heridos. La calma retornó paulatinamente a la nación andina, tras un segundo acuerdo que puso fin a un motín policial y permitió que unos 22.000 agentes volvieran a sus funciones en todo el país, amenazado por una ola de saqueos y otros desmanes.
Cuatro presuntos saqueadores murieron abatidos por patrullas militares durante graves disturbios en la populosa ciudad de El Alto, parte de la zona metropolitana de La Paz, donde grupos de vándalos saquearon la alcaldía, un enorme almacén aduanero, una embotelladora de gaseosas y decenas de comercios y bancos. Los cuatro decesos fueron confirmados por fuentes de los hospitales Holandés y Corazón de Jesús de El Alto, donde se encuentra el aeropuerto internacional de La Paz, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En tanto, la red televisiva PAT dijo que tres civiles y una enfermera que atendía a un herido murieron baleados durante nuevos tiroteos ocurridos en la zona céntrica de La Paz.
Los incidentes proliferaron mientras una masiva marcha obrera era reprimida por soldados en las inmediaciones de la custodiada plaza Bolivia, escenario de los graves choques del miércoles entre policías amotinados y soldados. El portavoz de la presidencia, Mauricio Antezana, dijo que un campesino murió durante incidentes entre productores de coca de la región del Chapare, en el centro del país, que bloquearon una carretera troncal, y fuerzas militares y policiales movilizadas para despejar la vía.
El gobierno y sectores opositores se acusaron mutuamente de propiciar la acción de francotiradores que provocaron algunas de las nuevas víctimas para azuzar la violencia y la represión. En la violenta jornada coincidieron una huelga de 24 horas convocada por la izquierdista Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y un feriado declarado por el gobierno para evitar disturbios como los que remecieron el miércoles a La Paz. Los choques armados de cuatro horas entre policías amotinados y soldados frente al palacio de gobierno del miércoles fueron seguidos por intensos tiroteos, y una ola nocturna de saqueos e incendios.
"El presidente no ha considerado, en ningún momento, la posibilidad de renunciar. Cumplirá su mandato", declaró su portavoz. El funcionario se anticipó a marchas convocadas por la COB y un denominado Estado Mayor del Pueblo, que comanda el líder opositor y diputado indígena Evo Morales, para demandar el alejamiento de Sánchez de Lozada del poder. "La solución a la crisis es la renuncia del presidente. La democracia no se gobierna con balas", afirmó a la red radial Fides, de la Iglesia Católica, el jefe cocalero Morales, quien en junio disputó estrechamente la presidencia a Sánchez de Lozada en un elección dilucidada en el Congreso.
La policía volvió a las calles
Escuadrones de la policía fueron aplaudidos por ciudadanos y comerciantes al reaparecer ayer en distintas zonas de La Paz y El Alto, jaqueadas por una ola de vandalismo que desbordó los patrullajes militares, pese a que soldados hirieron de bala a por lo menos 10 personas. Un acuerdo firmado entre el gobierno y líderes del motín policial que desencadenó los choques armados puso fin al movimiento, anunció el comandante de la institución, general Edgar Pardo.
El acuerdo incluyó algunas reivindicaciones, como el pago de un bono de seguridad, indemnizaciones a las familias de los policías muertos y heridos el miércoles y asignaciones para la dotación de nuevos equipos y uniformes, entre otras. Pero el convenio demoró unas ocho horas en hacerse efectivo, a raíz de exigencias salariales de última hora planteadas por los amotinados y finalmente aceptadas por los negociadores oficiales, dijeron fuentes de la propia policía.
Los 300 miembros del Grupo Especial de Seguridad (GES), una fuerza de elite antimotines, se rebelaron el miércoles contra un denominado "impuestazo" a los salarios, repudiado por todos los sectores sociales antes de ser anulado ese mismo día, y se acuartelaron a escasos 200 metros del palacio gubernamental. Soldados desplazados tras una pedrea estudiantil contra la sede del Poder Ejecutivo libraron luego cuatro horas de choques armados con los efectivos del GES, apoyados por agentes de otras unidades, en la plaza Murillo, a cuyos costados se levantan también la sede del Parlamento y la principal catedral del país.
El ministro de Salud, Javier Torrez, informó que 18 personas murieron por impactos de bala y 83 resultaron heridas, en su mayoría policías y militares, a consecuencia de los enfrentamientos y la posterior violencia callejera del miércoles, cuando fueron saqueados e incendiados 13 edificios públicos y privados, además de decenas de pequeños negocios. El general Pardo informó que 10 de los muertos eran policías, en tanto fuentes militares dijeron que sus muertos llegaban a cinco. Aún no se estableció el número de heridos en los bandos enfrentados o de civiles.
Preocupación internacional
La caótica situación en el país andino causó preocupación a nivel internacional y un llamamiento de la Organización de Estados Americanos para que se respete la institucionalidad democrática. El secretario general de OEA, el ex presidente colombiano César Gaviria, pidió a los bolivianos dirimir sus diferencias dentro de las normas constitucionales y de manera pacífica y democrática.
Por su parte el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Richard Boucher, expresó en un comunicado el apoyo al gobierno de Sánchez de Lozada y exhortó a los bolivianos a respetar el gobierno constitucionalmente elegido. (Reuters)
La Ciudad
