Un asesor de salud habla sobre el jubilado que murió apuñalado y mutilado

El ex municipal asesinado por su hijo demente vivía con terror a un ataque

Carlos Rivero imploraba para que la Justicia controlara el tratamiento de quien terminó matándolo

El espeluznante crimen de Carlos José Rivero, ocurrido el lunes a manos de su hijo enfermo de esquizofrenia, "fue el desenlace de una cadena de negligencias". Así lo aseguró el secretario del no gubernamental Centro de Ayuda al Discapacitado, Hugo Ferraro, quien conoció de cerca la historia de padecimientos que sufrió la víctima en los últimos ocho meses por las constantes agresiones de su hijo. Por eso no dudó en apuntar sus críticas contra la clínica psiquiátrica en la que el agresor estaba internado por orden judicial bajo tratamiento ambulatorio, a pesar de que ya quiso asesinar a su padre dos años atrás, y también contra el Juzgado Colegiado de Familia Nº 5, donde ya conocían la situación de los Rivero y no habrían actuado para impedir los ataques contra el jubilado que fue mutilado y asesinado.
"Nunca olvidaré la cara de desesperación de ese hombre cuando venía a verme hasta dos veces por semana", rememoró Ferraro. "Cuando me enteré de lo que había pasado no lo pude creer. Me pareció increíble. La última vez que lo vi fue antes de Navidad. Se acercó para preguntarme si había alguna novedad en Tribunales y le tuve que decir que no había nada nuevo. Esta fue una muerte absurda y evitable", recordó el secretario de la organización no gubernamental (ONG) que asesora a familiares de personas con discapacidades.
El lunes a la noche un vecino encontró muerto a Carlos José Rivero en el baño de su casa, en Santiago 4039. Estaba tendido en un charco de sangre. Su hijo le había asestado 50 puñaladas, le había destrozado el cráneo a golpes. Los investigadores quedaron espantados al descubrir que el agresor le había seccionado el pene y los testículos para introducirlos en la boca de la víctima. A Carlos Rivero hijo lo encontraron dopado en la clínica de Alem al 3100, donde estaba internado, horas después.
El centro de ayuda donde trabaja Ferraro actúa para asesorar a afiliados a obras sociales con problemas para obtener cobertura ante tratamientos especiales. Algo que se reiteran con mucha frecuencia en pacientes psiquiátricos. "Ninguna obra social reconoce los medicamentos psiquiátricos cuando en realidad están obligadas por ley a hacerlo. Desconocen la vigencia de la ley 24.901 y se niegan a cubrir esos gastos", apuntó Ferraro.
Carlos José Rivero se acercó a la ONG justamente porque el Iapos, su obra social, no le cubría los costos de la medicación para su hijo Carlos Horacio. El jubilado de 72 años contó también que en la Clínica Alem lo instaban a que sacara de allí a su hijo "porque era muy agresivo". Ferraro contó que decidieron llevar el caso adelante, porque la obra social debe por ley cubrir el ciento por ciento de los gastos de remedios e internación.
Pero además, porque a partir de ese momento comenzó a interiorizarse de los problemas que afrontaba Rivero padre. Durante las numerosas charlas que tuvieron, el ex empleado municipal contó los padecimientos derivados de la enfermedad de su hijo menor. En muchas de esas conversaciones llegó a quebrarse en llanto. También habló de su vida particular. Así contó que había nacido cerca de Santa Fe y que casi no alcanzó a conocer a sus padres. Durante muchos años vivió prácticamente en la indigencia.
Trabajó en un montón de oficios hasta que arribó a Rosario y años después consiguió un empleo en la Municipalidad. Se casó más tarde y tuvo tres hijos. A Carlos Horacio, el más chico, se le declaró una esquizofrenia crónica, que lo tornó una persona sumamente agresiva que solía descargar toda su ira contra el padre. Los constantes ataque al parecer no menguaron el amor que Rivero sentía por su hijo
Cuando el Iapos aún no le reconocía los gastos por medicamentos, Rivero los solventaba de su propio bolsillo. Así lo hizo durante casi cuatro años. Pero terminó con una deuda casi impagable porque los remedios eran descontados de su sueldo por la farmacia sindical. También describió las veces que su hijo lo atacaba, especialmente cuando le aplicó siete puñaladas un año y medio atrás. Ese grave episodio motivó la intervención de la policía y de la justicia. Pero luego todas las actuaciones fueron giradas al Tribunal de Familia Nº 5.
Ese juzgado ordenó su internación. La Colonia de Oliveros surgió como una posibilidad porque es pública y no representaba una erogación de dinero, pero el propio Rivero prefirió tener a su hijo cerca. "El quería atenderlo. Siempre le llevaba cigarrillos, se ocupaba de la ropa. Decía que si lo llevaban a Oliveros no tenía con que ir a visitarlo", recordó Ferraro. Tras recalar en la clínica Alem, Carlos Horacio comenzó a gozar un régimen de "puertas abiertas" que le permitió continuar con las agresiones contra su padre. Ese "beneficio" regía a pesar de que debía estar internado y tutelado por un juzgado tras la tentativa de homicidio.
Lo cierto es que los ataques hacia el jubilado se incrementaron a tal punto que el hombre ya estaba desesperado e incluso llegó a entrevistarse con una secretaria del tribunal para explicarle la situación. Nada dio resultado. Sólo unos tibios intentos de traslados a una clínica de San Martín y Arijón, que naufragaron "por falta de lugar". Para Ferraro, el crimen se habría evitado si en la clínica Alem hubiesen restringido las salidas a su paciente o el tribunal hubiera resuelto la cuestión rápidamente.

El victimario era tratado en esta clínica de Alem al 3100. (Foto: Néstor Juncos)