Sergio Naymark / La Capital
La semana que concluye, la prensa nacional e internacional se hizo eco de una investigación producida por el diario Miami Herald en la que se cuestionan duramente los métodos empleados por la policía de aquella ciudad norteamericana. El informe documenta que durante el período 1990/2001 se produjeron 22 tiroteos en los cuales los sospechosos estaban desarmados. De esos casos, en 15 las personas fueron baleadas por la espalda y cinco de ellas murieron. Trasladados a la ciudad de Rosario, esos lejanos números no provocan asombro. Según el Foro Memoria y Sociedad, entre 1983 y 2001 se registraron en esta ciudad un total de 69 casos en los cuales se comprueban situaciones de violencia policial. El lunes pasado Clarín, entre otros medios, reflejó el mencionado informe del Miami Herald. Allí, sobre el estudio de 180 tiroteos, se llega a la conclusión de que en la década del 90 hubo 46 casos en los cuales los enfrentamientos entre policías y sospechosos fueron cuestionados. Además, surge que en 22 casos los sospechosos estaban desarmados y que a 15 personas les dispararon por la espalda. Trasladados al ámbito de la Unidad Regional II de la policía santafesina, esos guarismos quedan empobrecidos. Máxime si se tiene en cuenta la proporción entre casos y cantidad de habitantes. Miami y su área metropolitana tienen 5 millones de habitantes, mientras que Rosario y sus alrededores apenas superan el millón. En diciembre de 2001, el Foro Memoria y Sociedad dio a conocer su séptimo informe de "Víctimas del gatillo fácil". El mismo comprende el período 1983/2001 y de su desglose surge que en Rosario se produjeron 69 casos que presentan confusas aristas. Balazos por la espalda, presuntos enfrentamientos y persecuciones y armas plantadas son atributos similares en esos episodios. Los primeros días de octubre pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), dio a conocer un informe en el cual se pone de manifiesto que durante el año 2001 en Rosario perdieron la vida 17 personas como consecuencia de "ejecuciones sumarias o del uso ilegal de la fuerza" por parte de la policía provincial. El mismo trabajo sostiene que en todos los casos relevados, la versión difundida oficialmente por la Unidad Regional II se contrapone con fuertes indicios que ponen en tela de juicio esos relatos. La policía siempre señala a esas muertes como producidas "en enfrentamientos derivados de la supuesta represión de delitos". Sin embargo, en sólo dos de los 17 casos mencionados hubo un agente herido por arma de fuego. A la hora de analizar el trasfondo de estos hechos, tanto desde el Foro como desde el Cels se coincide en que hay una trama policial-judicial que colabora para disfrazar los episodios, apoyada en el hecho de que la policía realice la investigación preliminar de cada caso. Así, surge la plantación de armas para disimular un enfrentamiento, los repartos de botines que nunca se encuentran, el cambio de escenas, la presión sobre los probables testigos e incluso el dibujo de las actas realizadas en las seccionales policiales.
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