Bogotá. - El jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, quedará en libertad en las próximas horas, luego de que una jueza acogiera un recurso de hábeas corpus interpuesto en su favor. Orejuela, junto con su hermano menor Miguel, recibieron un fallo excarcelatorio la semana pasada, según el cual debían quedar libres el pasado viernes. Sin embargo, el gobierno puso obstáculos judiciales y administrativos para demorar la libertad de los jefes narcotraficantes y la defensa de éstos presentó el hábeas corpus, que sin embargo fue denegado para Miguel, debido a una nueva condena en su contra por cuatro años de cárcel emitida la semana pasada.
Gilberto Rodríguez Orejuela cumplió apenas siete de los 15 años de cárcel a los que fue condenado por delitos relacionados con el narcotráfico, como jefe visible del cartel de Cali, la organización criminal que controló gran parte del negocio de la venta de cocaína a los Estados Unidos entre 1980 y 1995, cuando ambos cayeron presos.
La jueza que concedió el hábeas corpus, Luz Angela Moncada, ordenó además investigar a las autoridades que impidieron que el poderoso narcotraficante saliera de la cárcel el viernes pasado, cuando fue expedida una orden inicial de libertad para ambos. Rodríguez Orejuela, de 56 años, obtuvo la reducción de tres quintas partes de su pena después que las autoridades carcelarias certificaron que había trabajado, estudiado y observado una "conducta ejemplar" en prisión, por lo que se hizo acreedor al beneficio de libertad condicional. Para obtener la libertad condicional, Rodríguez Orejuela pagó una fianza de 15 millones de pesos (5.500 dólares), y debe observar buena conducta, no puede salir del país sin autorización judicial y presentarse periódicamente ante un juez.
Temor a un atentado a la salida
Numerosos periodistas permanecían a las afueras de la cárcel de máxima seguridad de El Barne, en el municipio andino de Cómbita, donde además las tropas desplegaron tres anillos de seguridad para evitar un posible ataque terrorista, según el comandante militar local, coronel José Duque.
El viernes pasado, el juez encargado de penas de Tunja, Pedro Suárez, ordenó la salida de los confesos narcotraficantes. Suárez adujo que la polémica decisión fue adoptada en cumplimiento del Código Penal, que permite a las autoridades conceder el beneficio de libertad condicional a aquellos presos que hayan purgado parte de su condena y mostrado un buen comportamiento.
La inminente salida de Gilberto Rodríguez Orejuela fue calificada por el gobierno colombiano como un alto riesgo para la sociedad y un motivo de "luto" para la Justicia. "El hecho de que ese señor salga en libertad supone una situación de alto riesgo para la sociedad colombiana", afirmó el ministro de Justicia y del Interior, Fernando Londoño. El funcionario, al indicar que se trata "del jefe de la empresa criminal más peligrosa del mundo", señaló que, ante la gravedad del caso, el gobierno examinará las circunstancias que rodearon la decisión judicial de conceder la libertad condicional al confeso narco.
Estados Unidos también lamentó la decisión de la Justicia colombiana, aunque reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente Alvaro Uribe para impedir la liberación de Gilberto Rodríguez Orejuela. "Nosotros lamentamos mucho la decisión, pero entendemos que es una cuestión jurídica del país", explicó a la prensa el consejero político de la embajada de Washington en Bogotá, Francisco Fernández.
Tras conocerse la sentencia a favor de los Rodríguez, el gobierno emprendió una intensa campaña para impedir la liberación de los ex capos del narcotráfico. El jefe de Estado, apoyado en su controvertido ministro de Interior y Justicia, ha apelado desde entonces a una serie de herramientas jurídicas y políticas para desconocer tal sentencia.
Uribe se declaró, incluso, partidario de desacatar el fallo de los jueces, en aras de proteger los más altos intereses del Estado y la propia dignidad de los colombianos, al advertir que, en caso de que se haga efectiva la excarcelación de los antiguos narcotraficantes, el país quedaría expuesto a un rechazo internacional. Pero la Corte Suprema de Justicia determinó que el gobierno está interfiriendo con la labor de los jueces y vulnerando con ello el Estado de Derecho, en un directo llamado de atención al presidente.
La Ciudad
