La puesta en marcha de los planes sociales reavivó la interna justicialista luego de que el gobernador Carlos Reutemann denunciara que desde Buenos Aires hay una "mano traviesa" que le "está embarrando la cancha", lo que obligó a la administración de Eduardo Duhalde a salir a desmentir la existencia de una campaña fogoneada desde el poder central. Pero el escándalo contó con un aditamento especial: la confirmación de que 4.644 beneficiarios inscriptos en Buenos Aires, pero que tienen domicilio en Santa Fe, cobraron ayer sus programas asistenciales en la ciudad capital, Rosario y otras localidades de la provincia.
En su edición de ayer, La Capital dio cuenta de la denuncia del secretario de Trabajo de Santa Fe, Oscar Ercoli, quien reveló el hallazgo de más planes que fueron inscriptos directamente en territorio bonaerense.
Las sospechas se transformaron en certezas. Este diario pudo saber de fuentes irrefutables que del total de programas que se pagaron en las últimas 24 horas, 4.644 beneficiarios fueron anotados en el partido bonaerense de Adolfo Alsina.
Por su parte, Reutemann volvió alertar que en Santa Fe "empezaron a pasar cosas raras", como cortes de rutas, amenazas de bomba e incluso "denuncias infundadas", que vinculó a los comentarios sobre el posible lanzamiento de su candidatura presidencial. "Se ve que algunos se pusieron nerviosos", deslizó.
El Lole apuntó contra la Nación por las denuncias de la venta de planes que hubo en la provincia, al señalar que "el gobierno anunció transparencia, pero alguien me está embarrando la cancha". Y agregó: "Me parece que hay alguna mano traviesa en Buenos Aires. Desde que se empezó a comentar que puedo ser candidato, en Santa Fe comenzaron a pasar cosas".
Sin embargo, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, desmintieron que desde la Nación haya una presunta campaña contra Reutemann a partir de las denuncias por supuestos actos de corrupción en la distribución de los programas en la provincia.
"Quizá Reutemann tenga razón cuando se queja de algunos intentos de intermediación en la adjudicación de los planes, pero nadie en el gobierno puede pensar en generarle problemas a Santa Fe", aseguró Atanasof.
Camaño pidió "no generar conflicto donde no lo hay", y sostuvo que Duhalde "ha hablado con el Lole" respecto a la distribución de los programas asistenciales.
Lo cierto es que la controversia se realimentó a partir de las declaraciones del senador nacional Oscar Lamberto (PJ), publicadas por La Capital, quien defendió a Reutemann y habló de una "operación anti Santa Fe".
Pero el gobernador bonaerense, Felipe Solá, también aportó lo suyo: advirtió sobre la necesidad de "mejorar y perfeccionar" el subsidio de 150 pesos que reciben los jefes y jefas de familia desocupados, al considerarlo "totalmente desactualizado" tras la devaluación impulsada por el gobierno.
Tampoco eludió referirse al tema político. Solá resaltó que Duhalde "no tiene que ser el líder del justicialismo" sino "un presidente de transición que haga lo que puede hacer para entregar un gobierno de manera un poco más ordenada el 10 de diciembre de 2003".
Paralelamente, el líder de los piqueteros de La Matanza, enrolado en la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, habló de la interna del PJ como causa de ciertas "irregularidades" registradas en la entrega de la ayuda que, según denunció, habría impedido "a 260 mil beneficiarios" cobrar el subsidio.
Alderete no descartó que "esos errores hayan sido ejecutados a propósito para que esta gente no cobre" y los atribuyó a "una posible interna dentro del Ministerio de Trabajo y del Ejecutivo nacional con los gobernadores".
Los ecos del escándalo llegaron hasta Rosario. En la sesión del jueves pasado, la concejala Luisa Donni, titular del bloque Justicialista, presentó un proyecto solicitando las debidas explicaciones a la Nación por las personas que aparecen como beneficiarias de los planes y que habrían sido anotadas por fuera del circuito oficial.
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La Ciudad
