La incesante secuencia de entrada en default de grandes compañías durante el primer trimestre del año, potenciado la semana pasada con las presentaciones de Telecom, CTI, Mastellone y Aguas Provinciales, permite avizorar una complicada situación para los sectores privados en el escenario posdevaluación.
Se estima que son cerca de 40 mil millones en moneda extranjera las deudas corporativas fondeadas en el exterior bajo todo concepto, de las cuales 21 mil millones son las contraídas por medio de obligaciones negociables. El resto son préstamos con entidades financieras, casas matrices y proveedores externos.
La consecuencia directa de los incumplimientos recaerá en una mayor retracción de las inversiones, dilatación en el plazo de pagos a proveedores y en los usuarios de estos servicios, que verán un empeoramiento en los estándares de calidad y encarecimiento de los productos, señalaron diversos analistas consultados por La Capital , quienes también vislumbran un escenario de corrimiento de algunos inversores de sus posiciones accionarias en estas empresas. Sostienen además que los nuevos acuerdos con los acreedores externos sólo podrán aparecer una vez que el gobierno complete la renegociación de la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El principal sector afectado es el relacionado con el suministro de servicios públicos privatizados, que se encuentra en la primera etapa de la renegociación de los contratos, luego de la fuerte devaluación del peso y pesificación de tarifas y deudas internas. Esto trajo aparejado también una agudización en la contracción del consumo (que representa el 70% del PBI), principal fuente de ingreso de estas empresas que hoy tienen pesificados sus ingresos y dolarizados sus compromisos, además de la ausencia de financiamiento externo como interno.
Hasta ahora unas pocas filiales y grupos económicos salieron a decir que honrarán sus compromisos o que no existen riesgos de incumplimiento. De todas formas, las calificadoras de riesgo ya le colocaron a numerosas compañías la "D" (default) o "SD" (default selectivo) como nota.
La propuesta del ministro de la Producción, Ignacio De Mendiguren, efectuadas hace ya un mes, en favor de la instauración de un seguro de cambio parece guardada en algún cajón para una mejor oportunidad. El elevado costo fiscal que acarrearía una tercera transferencia de pasivos del sector privado al erario público como sucedió en el 82 y en Plan Brady una década después, es en las actuales condiciones insostenibles, aseguran funcionarios y empresarios en voz baja. Pero no descartan que existan operaciones para avanzar en algún tipo de mecanismo compensador.
El gobierno ya carga con el endeudamiento fruto del salvataje que significó pesificar los pasivos del sistema financiero uno a uno y la devolución de depósitos a 1,40 y en dólares gracias a los amparos judiciales. El costo de esta compensación rondará entre 40 y 60 mil millones de pesos, y pasará a engrosar la ya de por sí abultada deuda pública.
De producirse un seguro de cambio similar a la pesificación y teniendo en cuenta que hoy el dólar ronda los tres pesos, el Estado nacional engrosaría su pasivo en otros 80 mil millones de pesos. Una cifra descabellada para un país que en la actualidad está endeudado más allá del 100% de su PBI. Igual que Italia pero sin industria, sin mercado interno y sin crédito. A lo que habrá que sumar también la licuación de pasivos del sector privado con el sistema financiero local en situación 4, 5 y 6, que pueden cancelarlo con títulos públicos que hoy cotizan en el mercado secundario en promedio a un 50%.
La era de iliquidez
El creciente deterioro de la calidad de endeudamiento del sector privado comenzó a manifestarse hacia fines de 2000 y se agudizó en octubre pasado cuando las calificadoras de riesgo empezaron a anticipar un creciente riesgo crediticio de las principales compañías instaladas en el país, financiadas en base a obligaciones negociables colocadas en el exterior, el instrumento financiero por excelencia de los 90.
Esto se debió a las ventajas competitivas que presentaba este sistema de financiación a nivel internacional con una tasa similar a la Libor a lo largo de toda la década, que eran muy inferiores a los intereses que se pagaban en el mercado local y con la garantía de un seguro de cambio como fue la convertibilidad.
La brutal devaluación lanzada por el gobierno terminó por desequilibrar los balances de estos grupos y en particular las empresas de servicios públicos. Diego Estevez, director ejecutivo de Mercado Abierto Electrónico (MAE), señaló que "las previsiones con una depreciación del peso del 27% eran que existían posibilidades de sostener la ecuación económica de estas compañías, hasta entre un 50 y 70% era manejable, hoy con una devaluación del 300% es inviable".
Directivos de Standard & Poor's consideraron que el actual escenario de congelamiento de tarifas y una renegociación de los contratos de concesión que marcha a fuego lento, junto con un ambiente económico muy deprimido, producirá que la mayor parte de las compañías tendrán dificultades en obtener el monto equivalente en pesos de sus obligaciones financieras. No hay financiamiento disponible para financiar el capital de trabajo y la libre flotación del peso dificulta hacer predicciones sobre su valor al momento del pago efectivo.
"Si las compañías no logran cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma, podría tener lugar una renegociación masiva de los términos y condiciones de la deuda, lo cual a su vez se traducirá en un mayor nivel de incumplimiento", opinaron desde la calificadora de riesgo.
La lista de default de corporaciones privadas hasta hoy son: Acindar, Fargo, Agea, Alto Palermo, Multicanal, Clisa, CRM, CTI Holding, Impsat, Mastellone, Aguas Provinciales, Metrogas, Autopista del Sol, Sideco, Telecom, TGS, Aguas Argentinas, Cablevisión, Capex. Que figuren grandes nombres en este tipo de deudas se debe al selectivo acceso a este tipo de instrumento financiero. El sector de empresas privatizadas concentró en los últimos diez años el 60% de las obligaciones negociables.
Muchas de estas empresas decidieron pagar los intereses de sus compromisos pero no la cancelación de la cuota de capital, limitados en parte por las normativas del Banco Central. Esperan que un final feliz en las negociaciones con entre el FMI y el gobierno nacional abra las puertas hacia una readecuación de los pasivos corporativos en moneda extranjera, y se descuenta que también utilizarán el estado de default como mecanismo de presión en la renegociación de los contratos.
Para lo que resta del año se existen vencimientos de obligaciones negociables por 5.862 millones de dólares y algunas estimaciones como la Fundación Capital, que tiene a su referente, Martín Redrado, dentro de las filas gubernamentales. Calcula que el default podría ser masivo (90%) y muestra que del total de papeles a vencer, un 86% pertenece a bancos, comunicaciones, energía eléctrica, petróleo, gas y holding.
Hola, te estamos llamando
Las compañías de comunicaciones y telecomunicaciones figuran como las más afectadas dentro las empresas de servicios públicos. Luego de la fuerte expansión que vivió el sector con la privatización de Entel y la conformación del oligopolio Telecom-Telefónica, el mercado dio un segundo paso a la desregulación con la habilitación para participar a nuevos jugadores. Con esto y sumado a que el negocio entró en una etapa de amesetamiento y, por ende, de menor crecimiento, comenzaron en los últimos dos años a reducirse las ganancias y la remisión de utilidades a sus casas matrices.
Los analistas ven en este sector un claro ejemplo de las diferentes situaciones que se presentarán con las firmas fondeadas ene el exterior. En el caso de Telecom, los principales socios (France Telecom y Telecom Italia), quienes controlan también Personal (telefonía celular) y Advance (Internet), decidieron no poner un peso más de su bolsillo, pero aseguraron que no se verá afectado el servicio y afrontarán sus compromisos locales.
A las históricas peleas entre galos e italianos por el control de la filial argentina, se sumó en las últimas semanas el rumor de que existía la pretensión de desprenderse de los activos en el país. Allí fue cuando creció con intensidad el grupo Telmex del multimillonario Carlos Slim para hacerse cargo, pero fuentes del holding salieron a desmentir las versiones.
Mientras dure la renegociación de los contratos, la firma decidió desde enero prescindió de un importante número de empresa contratas y comenzaron a registrarse retrasos en la instalación de nuevas líneas, entre otros ejemplos.
En telefonía celular, al igual que el resto de sus competidoras, eliminó la mayoría de las bonficaciones y logró el año pasado el traspaso de un importante cantidad de abonados al sistema prepago para reducir así la creciente morosidad, que debilitara la salud de sus balances.
Una situación similar se presentó en CTI Holding, donde su principal socio (el gigante de las comunicaciones locales estadounidense Verizon) no hizo frente al pago de obligaciones negociables por mil millones de dólares, culpando a la situación que padece en la Argentina. Para evitar un empeoramiento en sus balances, la compañía decidió la conformación de un fideicomiso para traspasar una parte de sus acciones que le permita pasar a ser la primera minoría en la composición accionaria y así no tener que declarar las pérdidas según establece el régimen de la Security Administration Departament de Estados Unidos.
En tanto, la casa matriz de Telefónica señaló esta semana que honrará sus compromisos financieros de la filial argentina, que suman 2.500 millones de dólares. Según los analistas, el holding español hará frente a sus deudas ya que busca consolidar su estrategia en la región.
Hay que pasar el invierno
Otra de las empresas que se declaró en default esta semana es Aguas Provinciales, al no cancelar un vencimiento con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por 574 mil dólares. Fuentes de la compañía, que conforma el conglomerado de filiales que Eaux de Francia en el país, restaron importancia sobre la incidencia sobre el pago a proveedores locales. Sin embargo, comenzó una pelea de baja intensidad con el gobierno provincial por la renegociación del contrato después del cambio de reglas de juego.
El gerente de relaciones institucionales de Litoral Gas, Aníbal Paradiso, buscó despejar cualquier inconveniente con el pago de sus préstamos contraídos en el exterior. Pero no descartó que el precio suba en los próximos meses debido a una readecuación que puedan sufrir los precios, en particular en la etapa de transporte y distribución que se encuentra regulado.
Algunas empresas de energía también están en riesgo de default, lo que lleva a preanunciar problemas de abastecimiento. El gas que abastece a las usinas durante la temporada de primavera-verano, deja paso a una mayor alimentación con fuel oil, insumo que en su mayoría debe importado y pagado en dólares. Este circuito podría llegar a trabarse por la falta de financiación y el incremento de los costos derivados de la devaluación.
En el caso de la Empresa Provincial de la Energía, su deuda por 70 millones de dólares fue pesificada, ya que había sido contraída con la banca local.
Aunque la EPE no entra en la renegociación de contratos puede verse afectada indirectamente, ya que no es productora de energía y debe abastecerse en un mercado desregulado y luego transportarlo por un sistema que si lo está.
Las consecuencias de un default masivo del sector privado son aún inciertas, pero sí aparece con claridad que se producirá un deterioro en la calidad de los servicios, por la postergación y eliminación de inversiones, y al mismo tiempo un encarecimiento de las prestaciones, que deberán ser afrontadas por los consumidores.
La Ciudad
