En el marco de la fuerte crisis político-económica, la ley de coparticipación federal de impuestos entre Nación y provincias se encuentra otra vez en el centro del debate debido a la constante caída de la recaudación y la ausencia de crédito público. El último compromiso asumido entre las partes de ir a "suerte y verdad" en la distribución de fondos significó un quiebre a los consecutivos parches que se le realizaron a la normativa a lo largo de los años y se transformó en la piedra basal para arribar a un nuevo sistema distributivo. Una puja de intereses potenciado por las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que los gobiernos provinciales realicen un mayor ajuste fiscal como un elemento más para alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito multinacional.
Por esta razón, el Instituto de Programación Económica y Financiera de la Fundación para la Integración Federal (Funif) realizó un relevamiento de todos los proyectos que están en danza desde 1996 a la fecha para intentar identificar los puntos en común que sirvan para llegar a la aprobación de un nuevo régimen coparticible en el Congreso antes de fin de año.
Ante la ausencia de una ley de coparticipación, los pactos fiscales y los compromisos federales se transformaron en moneda corriente. Cabe aclarar que no es un tema menor el hecho de no haber llegado a un acuerdo para modificar el régimen coparticipable. De todas formas, en el último pacto firmado a fines del año pasado se establecieron algunas reformas de importancia (ver aparte).
De la recopilación inicial surgen 16 trabajos que son divididos en tres ideas alternativas, utilizando como criterio de agrupamiento lo que cada uno plantea en relación a la modificación del sistema tributario y la eliminación o no de la distribución primaria.
* Alternativa 1: Todos los proyectos plantean un cambio radical en el sistema tributario y la eliminación de la distribución primaria. Aquí están los proyectos presentados por el Consejo Empresario Argentino, el economista Juan Llach y uno por la provincia de Salta.
Como características principales, tiene que el sistema es no devolutivo; es decir, la Nación ya no recaudará para luego distribuir, con impuestos descentralizados, recaudados por las provincias y eliminando la distribución primaria que es reemplazada por transferencias compensatorias para respetar el status quo provincial.
En cuanto a la reforma tributaria, es total, teniendo como principal punto la descentralización de los impuestos a las ganancias para personas físicas, bienes personales, impuestos internos y a los combustibles. Además se plantea que la Nación reduzca la alícuota del IVA y las provincias empiecen a cobrar un impuesto a las ventas minoristas en la proporción que se reduzca de IVA.
En la distribución secundaria se define un monto de financiamiento para mantener la situación de las provincias al momento de la sanción de la ley, determinando jurisdicciones receptoras y aportantes. En virtud de esto, cada una tendrá sus propios ingresos y a muchas provincias es posible que no le sean suficientes los fondos al iniciarse el nuevo régimen. La descentralización tributaria que se obtiene como consecuencia de traspasar facultades recaudatorias a las provincias reduce economías de escala en los órganos de administración tributaria.
Un súper organismo
Los tres proyectos plantean la creación de un órgano que tendría potestades para regular el endeudamiento, publicar información fiscal, administrar los fondos creados, controlar las metas fiscales y proveer seguridad jurídica. Como ventaja se evidencia una mayor autonomía tributaria y correspondencia fiscal. Además de disminuir los costos distributivos iniciales.
* Alternativa 2: Aquí se agrupan aquellos proyectos, que si bien plantean una reforma del sistema tributario tendiente a descentralizar la recaudación de los impuestos hacia las provincias ésta no es tan profunda como para eliminar la distribución primaria. Las propuestas son de economistas de Fundación Mediterránea y Fiel.
La reforma consiste en traspasar bases tributarias a las provincias. Dentro de los que pasarían a estas jurisdicciones se encuentran bienes personales, ganancias personas físicas e internos, los demás quedan en poder de la Nación. En la propuesta de Fiel además se plantea eliminar ingresos brutos por IVA con una alícuota del 15,6%.
La masa de recursos coparticipables se integraría con los tributos restantes incluyendo aportes y contribuciones personales y excluyendo comercio exterior. En la distribución secundaria se tiene como objetivo mantener los niveles de ingresos que venían percibiendo hasta la entrada en vigencia del nuevo proyecto. Para lo que se aceptaría cambiar los porcentajes de distribución, es para la recaudación incremental, aquí sería basada en criterios distributivos y de eficiencia.
Ambos proyectos, al igual que en la alternativa anterior, plantean la creación de un organismo para coordinar el crédito, fijar la distribución secundaria sobre la recaudación incremental, garantizar la transparencia fiscal y discutir cuestiones tributarias. La Nación no participa de la discusión distributiva. También consideran la conformación de un fondo anticíclico para las épocas de caída de la recaudación.
Como ventajas, se enumeran la descentralización tributaria y una mejor correspondencia fiscal. Como posibles desventajas se puede enumerar la pérdida de economías de escala y la posible ineficiencia provincial en la recaudación.
Existe también un proyecto presentado por el Ejecutivo en 1999. La característica distintiva es que en el largo plazo plantea la descentralización de impuestos y la eliminación de la coparticipación, pero en el corto y mediano plazo la Nación debería coparticipar.
* Alternativa 3: Este grupo está compuesto por todos aquellos que modifican en muy poco el actual régimen. Se pueden enumerar como autores de estos proyectos a senadores, diputados, la Fundación del Tucumán y la Fundación Norte Sur.
Los proyectos coinciden en que la masa coparticipable debe formarse con exclusión de los derechos de importación y exportación. Las diferencias se presentan en cuanto a los impuestos que gravan las nóminas salariales y los que tengan asignación específica.
En cuanto a la distribución primaria, el 70% de los proyectos plantean que la Nación debería recibir un porcentaje que oscila entre el 35% y 39%, y el resto para las provincias. El 20% plantea mantener la distribución actual y sólo el 10% propicia un aumento de la participación de la Nación en la distribución primaria. En el caso de la distribución secundaria, la mayoría plantea que lo que reciben hoy las provincias no podría verse disminuido.
La Ciudad
