El juicio oral y público que comenzaría a fin de año o a principios del 2002 no avanzaría más allá de analizar las responsabilidades de los cinco procesados por las supuestas fallas de seguridad que motivaron, para el juez federal Luis Martínez, la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero. Ricardo Olcece, patrocinante de Ana Gritti (la única querellante en la causa), intentará con su estrategia una modificación de la imputación: de estrago culposo calificado a estrago por dolo eventual. Esta última figura jurídica prevé penas de hasta 20 años de prisión. De esta forma se intentaría probar que los acusados tenían conciencia de las precarias medidas de seguridad pero no hicieron nada para revertirla.
Como el origen de la explosión no se pudo precisar en la etapa de investigación ni en los peritajes, a la parte querellante sólo le queda que algunos de los imputados se quiebre y cuente la verdad, o aporten nuevos datos que le permita al juez avanzar en la hipótesis del atentado.
Pero más allá de lo que pase en la Justicia, la mayoría de los habitantes de la ciudad cordobesa cree que lo que sucedió el 3 de noviembre del 95 fue para borrar las pruebas de la venta ilegal de armas.
Una encuesta realizada por la docente Ivana Ceballos, a la que tuvo acceso La Capital, arrojó que el 72,59 por ciento de los consultados está convencido de que el siniestro fue un atentado. Solo el 8,89 por ciento estimó que se trató de un accidente.
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La Ciudad
