Las secuelas del horror y los manejos políticos

La explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero dejó tras su onda expansiva una interminable lista de secuelas que sus habitantes todavía no pueden superar. Cada trueno, el sonido de una sirena o el simple golpe de una puerta por el efecto del viento los retrotrae a la pesadilla que vivieron el 3 de noviembre de 1995.
La agorafobia, claustrofobia y crisis de pánico azota a una importante franja de la población. No hay estadísticas oficiales, pero los profesionales consultados por La Capital señalaron que una considerable cantidad de personas sufre esos desórdenes psicológicos. A estos cuadros se les suman problemas de audición, que en algunos casos llegan a la sordera total.
"Cuando se reconstruyó la escuela pudimos detectar muchos casos en los chicos, que fueron los más afectados por la tragedia", apuntó Alicia Maroco, quien trabaja en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad.
Durante los dos años siguientes a la explosión se prohibió al cuartel de bomberos hacer sonar la alarma y los elementos de pirotecnia quedaron vedados para su comercialización.
Pero el año pasado, antes de Navidad, ocurrió algo insólito. El Concejo Deliberante levantó la prohibición de la venta de material pirotécnico a través de una ordenanza. "Cuando empezaron a explotar los petardos se abarrotaron de nuevo los hospitales. Hubo gente que trató de huir de la ciudad y algunos niños que ya no se hacían más pis encima volvieron a hacerlo. Fue una locura", señaló Ana Gritti, abogada querellante en la causa y familiar de una de las víctimas.
¿Cómo es posible que la clase política levantara esa veda sin tener en cuenta las huellas psicológicas que dejaron entre sus habitantes? Para César Mercado, presidente del Centro de Comerciantes de Río Tercero, la explicación no viene por el lado de la inconsciencia, sino por la voz del bolsillo: "Se instalaron en el Concejo e hicieron lobby".
Otro frente de polémica que se abrió tras la explosión fue la forma en que el Estado nacional reparó materialmente a los damnificados. Un ejemplo emblemático: el padre de Aldo Aguirre (un joven que murió atravesado por una esquirla) recibió 55 mil pesos de indemnización, mientras que el propietario de una vivienda de un barrio de clase media obtuvo 100 mil pesos por los daños que sufrió su vivienda.
Muchos testimonios recogidos por La Capital coincidieron en un punto: hubo un manejo discrecional en el reparto del dinero, con una metodología similar a la que se utiliza para solventar a los punteros políticos.