La Cámara Federal porteña sostuvo ayer que la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia fue producto de una decisión de Estado, ordenó investigar la posible vinculación de Emir Yoma y el sirio Monzer Al Kassar con las maniobras y confirmó los procesamientos de los ex ministros Oscar Camilión, Antonio Erman González y Guido Di Tella, y del ex jefe del Ejército, Martín Balza, quienes serán sometidos a juicio oral y público.
El tribunal rechazó el pedido de la fiscalía para enviar a prisión a Balza, pero agravó los cargos contra Camilión, Di Tella y el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, a quien procesó por asociación ilícita. Ahora, los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem serán sometidos a juicio oral y público por las exportaciones clandestinas de armamento a países en guerra, registradas entre 1991 y 1995.
Además, podrían ser condenados por consignar datos falsos en decretos del Poder Ejecutivo, adulterar documentos y malversar bienes del Estado, entre otros delitos.
Los magistrados Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, miembros de la Sala II de la Cámara, explicaron que, para que toneladas de armamento fueran transportadas ilegalmente desde Argentina, todas "las operaciones han sido conciliadas entre las autoridades de los ministerios de Defensa (Camilión y González) y Relaciones Exteriores (Di Tella), cuya mayor responsabilidad surge evidente".
La Cámara complicó la situación de Di Tella y amplió el procesamiento del ex canciller por su "participación en la falsedad ideológica de los decretos 1697/91, 2283/91, 103/95, los que sirvieron de cobertura para las ilegales exportaciones de material bélico".
Los jueces sindicaron a Erman como "responsable de la actividad que se desarrollaba" en Fabricaciones Militares (FM), que dependía del Ministerio de Defensa cuando se produjeron las operaciones de contrabando. Durante la gestión de González como titular de la cartera, éste colocó a Luis Sarlenga al frente de FM, y ahora ambos irán a juicio.
Ayer el tribunal dijo, sin vueltas, que descree que los ex ministros González y Di Tella hayan "desconocido la realidad de lo que estaban firmando y que hayan llegado a esa instancia víctimas de la conspiración de un osado conjunto de funcionarios públicos de segunda línea, capaces de movilizar toneladas de armamento hacia un destino distinto del afirmado en los decretos del Poder Ejecutivo nacional".
La suma de "irregularidades toleradas" por Erman "sólo se compadece con el conocimiento por parte de González sobre la falsedad del destino que se consignara en los decretos", concluyó. Para los camaristas, también está "acreditado que Di Tella actuó con conocimiento de la falsedad del destino indicado en los decretos".
Una buena para el general
En cuanto a Balza, el tribunal aseguró que no hay evidencias para procesarlo por asociación ilícita, como pretende el fiscal Carlos Stornelli. Empero, afrontará un juicio por malversación de caudales públicos y la falsedad de un convenio que el Ejército firmó con FM.
La Cámara también confirmó los procesamientos de Sarlenga y de oficiales del Ejército, así como de otros funcionarios de la Cancillería, incluido el ex vicecanciller Juan Olima.
Puntualmente, ordenó profundizar la pesquisa en torno a la "vinculación existente entre (la empresa fantasma) Daforel y Elthan Trading Co., especialmente porque Muhammad Yala Nacrach, sobrino de Emir Yoma era el presidente y único director de la sociedad durante el período en que se produjeron los envíos de armamento (ver aparte).
Y encomendó a Urso "extremar recaudos" para corroborar, la afirmación de un testigo que sindicó al sirio Monzer Al Kassar como eslabón principal de la venta ilegal de armamentos y explosivos argentinos a Croacia.
La Ciudad
