Una ONG lanzó el ticketazo para protestar por la suba

La decisión de los estacioneros de cobrar el servicio de playa desató la crítica de las asociaciones de defensa de los consumidores que cuestionan la medida por considerarla “ilegal”, ya que vulnera la legislación que los ampara. En ese sentido, la Asamblea por los Derechos Sociales lanzó oficialmente a la comunidad rosarina una campaña de concientización denominada “ticketazo” que insta a los consumidores a reclamar la factura a todas las estaciones de servicio que cobren este adicional “sea por el monto que sea, para de esa forma hacer sentir la presión y el control del consumidor”, dijo Aníbal Faccendini, titular de la ADS.

   Pero además, el comprobante también servirá como prueba para realizar un reclamo concreto a los organismos del Estado competentes en la materia “que hasta ahora no intervinieron de ninguna forma”, dijo Faccendini.

   Por eso, en el conjunto de acciones directas la ADS también distribuirá entre la población formularios para realizar reclamos en contra del cobro del servicio de playa ante las autoridades competentes, como por ejemplo, la Dirección de Comercio Interior de la provincia, que en Santa Fe tiene poder de policía sobre los diferendos económicos y comerciales. Por otra parte, desde la asociación plantearon la preocupación sobre algunas posibles maniobras encubiertas para el cobro de este canon y explicaron, por ejemplo, que tienen registro de algunas estaciones del interior de la provincia donde en el ticket no figura el cobro de este nuevo concepto, pero se modifica (hacia abajo) la relación volumen de combustible/precio. Es decir, si antes por un monto se cargaba determinada cantidad de combustible, ahora por ese mismo dinero el volumen es menor, lo que representaría una “supuesta” estafa al consumidor.

   La asociación fue una de las tres únicas del país que presentaron a principio de mes una denuncia por escrito ante la Defensoría del Pueblo de la Nación contra esta medida del sector. “Este ilegal aumento produciría un grave perjuicio económico para la ciudadanía, habida cuenta del efecto cascada, multiplicador e inflacionario que tendría en el bolsillo del ciudadano consumidor”, señalaba el texto que llegó a manos del defensor del Pueblo, Eduardo Mondino.

   La ADS considera la medida “ilegal” argumentando que viola, entre otras legislaciones, la Constitución nacional.