Manejo de información e interés público

Hernán Lescano / La Capital

La muerte de un agente policial de 25 años, acribillado por delincuentes en una parada del transporte urbano, y la de una mujer desarmada de 23, ejecutada en la puerta de su casa desde un auto donde iban dos policías, fueron los dos hechos de inseguridad más cruentos y altisonantes ocurridos en Rosario el último fin de semana. Ambos episodios están vinculados por varios hilos comunes. Uno: hay empleados policiales involucrados en estos incidentes, en un caso en su generación, en otro en su penoso resultado. Dos: sus variantes son profundamente oscuras. Tres: son hechos investigados por la Unidad Regional II. Cuatro: los encargados de las investigaciones son absolutamente reacios a referirse a lo ocurrido.

Se puede agregar un quinto elemento común: ambos casos, desdichados por igual, son sucesos de genuino interés público. No sólo conciernen a quienes los investigan, sino a toda la comunidad que razonablemente se aflige y se inquieta porque, en plena vía pública, alguien pueda morir atravesado por disparos mientras espera el colectivo para ir a trabajar o resultar ultimado frente a su domicilio volviendo de hacer las compras.

Por eso no se entiende que la policía, que investiga estos hechos, se niegue al contacto con la sociedad rehuyendo al diálogo con los medios. Esto es lo que han experimentado, en los últimos dos días al menos, los periodistas de este diario que pretendieron indagar sobre lo ocurrido. Es posible y aceptable que las investigaciones sean preliminares y haya poco que decir. Pero entonces la policía debe, como mínimo, decir eso. Los niveles más altos de la Jefatura de Unidad Regional II y las secciones que deben ocuparse de pesquisas orientadas al esclarecimiento de estos hechos dolorosos y lamentables esquivan, con mínimas excepciones, el contacto con este diario privando así a sus lectores de conocer detalles que implican a toda la ciudadanía.

Se admite que en momentos iniciales es atendible la cautela de quienes investigan incluso para procurar que las pesquisas lleguen al éxito. Pero entretanto hay detalles e incógnitas que pueden ser despejadas sin poner en riesgo el esperable buen resultado de las mismas. En las sociedades modernas los públicos se enteran de los casos que les incumben por los medios. El derecho a la información tiene estatuto constitucional y es plausible que cada parte, atendiendo a sus deberes pero también a los derechos que deben satisfacer, asuma la obligación que le corresponde.