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 miércoles, 20 de julio de 2005  
Motín y un rehén en cárcel mendocina
Unos 40 presos rebelados negociaban anoche en el penal observado por la Cidh. Capturaron a un carcelero

Unos 40 presos jóvenes de la cárcel de Mendoza se amotinaron la tarde de ayer y tomaron a un guardiacárcel como rehén para reclamar mejoras en las infrahumanas condiciones en las que están recluidos. Al cierre de esta edición los internos habían comenzado a negociar con las autoridades del penal aunque no se conocían en detalle los pedidos que formulaban para levantar la medida.

La centenaria cárcel mendocina, conocida como Casa de Piedra por el murallón que la delimita, está considerada entre las peores del país y es escenario permanente de crimenes y fugas, motivo que a fines del año pasado llevó a que un grupo de abogados cuyanos presentara una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que intervino en la cuestión y recorrió la penitenciaría para elevar luego un lapidario informe de situación e interponer medidas cautelares para su urgente reforma.

El motín de ayer se inició alrededor de las 19 cuando 41 de los 130 menores adultos (entre 18 y 21 años) alojados en una de las cuatro áreas en que se divide el pabellón 10, de reciente construcción y considerado de máxima seguridad, tomaron como rehén al carcelero Mario Quiroga y prendieron fuego a algunos colchones.

Los mismos internos amotinados ayer son los que hace dos semanas se cosieron las bocas durante un día e iniciaron una huelga de hambre reclamando mejoras en las condiciones de reclusión y agilización de los trámites procesales. El titular del penal, Sergio Miranda, confió ayer a la prensa que los presos del pabellón 10 "son delincuentes juveniles acusados de delitos graves"


Bajo la mira
La cárcel mendocina está bajo la mira de la Cidh después de la denuncia interpuesta por un grupo de abogados tras producirse 10 crimenes en peleas de presos durante 2004. El recurso de habeas corpus presentado en nombre de los casi 1.300 internos hacinados en el penal con capacidad para 600 planteaba la violación a los más elementales derechos humanos.

En diciembre pasado una comitiva del organismo internacional visitó el lugar y comprobó hacinamiento, insalubridad, ocio, incumplimiento de los plazos judiciales, falta de atención médica y una larga lista de violaciones a la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica.

"Presos que deben vivir con la basura y sus excrementos, falta de luz natural y artificial, estrictos regímenes de aislamiento, ausencia de personal médico", eran algunos de los ítems remarcados por la comitiva de la Cidh, que como consecuencia intimó al Estado nacional y provincial a modificar urgentemente las condiciones de detención del penal.

La respuesta del gobierno mendocino fue la de construir una nueva cárcel en el mismo lugar donde está la vieja penitenciaría. "Sólo dejaremos el muro de piedra perimetral y adentro se levantarán nuevos módulos con todos los servicios necesarios para los presos", fue el adelanto que hizo el director de la cárcel, Sergio Miranda, hace algunos meses. Mientras tanto, dentro de la penitenciaría todo sigue igual de infrahumano.

Hace pocos días, relatores de la Cidh sostuvieron que no sacarán los ojos del penal mendocino ni levantarán las medidas cautelares planteadas ante el gobierno cuyano hasta que se cumplan los objetivos planteados tras su visita a la cárcel: evitar sanciones arbitrarias por parte de las autoridades del penal; aplicación del regimen progresivo de la pena; y evitar la violación del debido proceso. A eso hay que sumarle la erradicación de la violencia, la separación de presos por categorías y un estricto control de la posesión de armas intramuros.
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