El caso de las chicas de 10 a 18 años prostituidas en la zona oeste

Una tragedia más social que criminal

Ayer indagaron por tres graves delitos de índole sexual al acusado de proxenetismo infantil. Pero dos jueces salieron a denunciar la ausencia del Estado para afrontar los efectos que la marginalidad produce en la niñez

El hombre de 52 años que alojaba en su casa de la zona oeste a niñas y adolescentes de 10 a 18 años fue indagado ayer bajo los cargos de facilitamiento de la prostitución, corrupción de menores y abuso sexual por la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas. El acusado exhibió una actitud renuente a dar explicaciones, dio un testimonio ambiguo y no fue claro en su exposición, según fuentes de la causa. Permanecerá preso porque los delitos que se le atribuyen no son excarcelables.

José K. es el hombre años detenido el viernes pasado en su casa de Deán Funes y Felipe Moré donde residían o utilizaban como lugar de encuentro unas seis chicas menores de edad que ejercían la prostitución. Dos jovencitas de 15 años y una nena de 10 años que había escapado de un hogar para menores dijeron que se habían iniciado en la prostitución por su cuenta, pero que el Viejo les daba alojamiento. De acuerdo con las declaraciones de las menores, solía administrar el dinero de las más chicas.

La policía llegó hasta la casa de José tras recibir la denuncia de una mujer que buscaba a su hija R., de 15 años, desde hacía dos semanas. Por datos de los vecinos, la mujer llegó hasta la vivienda de José, donde la encontró junto a otras tres menores. Las cuatro estaban semidesnudas y drogadas. José K. fue detenido por agentes del Centro de Atención a la Víctima de Delitos Sexuales.

La joven de 15 años, otra chica de 15 hallada en la vivienda de José y E., una nena de 10 a la que encontraron en el sótano de una galería céntrica fueron alojadas en la sección femenina por el juez de Instrucción Juan Leandro Artigas. El juez interviene para garantizar la tutela de las chicas (ver aparte). Ayer les tomó declaración y ordenó que fueran revisadas por el médico forense. Todas ellas contaban con una intervención judicial previa del juzgado de Menores Nº 2, que deberá resolver dónde alojarlas. La magistrada hizo pública su impresión acerca de que un conflicto social de esta naturaleza excede los alcances de una intervención judicial, pese a que, existe mérito para imputar al viejo José de un delito. "Nosotros podemos reunir los extremos típicos que hacen a la figura del abuso, reprochar penalmente, aplicar un castigo. La sociedad necesita de estas medidas ejemplares. Pero eso no es lo único que el Estado tiene que hacer. El Estado tiene otros recursos para resolver un conflicto que no es del derecho penal".

Respecto a la situación del imputado, la jueza Rodenas admitió que "existe un principio de sospecha que amerita su indagatoria", pero aclaró que en un caso de estas características la intervención de la Justicia penal no basta para dar cuenta del problema: "El reproche penal es sólo una parte de la cuestión. Ahora, si queremos tener una mirada integral del tema y pensar qué significa la prostitución infantil, tenemos que ser cautelosos. Porque el discurso del derecho no alcanza para entender esa conflictividad. Ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con la ausencia del Estado y la marginalidad".

En ese sentido, la magistrada resaltó la necesidad de prevención y de articulación de políticas sociales desde el Estado municipal y provincial y las organizaciones intermedias. "Si enfocamos esto desde una mirada solamente moral, vamos caer en un reproche de las conductas de estas chicas que no ayudará a pensar políticas de cambio. Claro que es reprochable moralmente lo que se le acusa al imputado. Pero también es cierto que ante la nada, la devastación que tiene ese sector social o la situación de vivir en la calle, a lo mejor encontraban en él una contención que en la casa no tenían".

Un enfoque de ese tipo sólo lograría criminalizar la cuestión. Eso sería, a criterio de Rodenas, "caer en el exceso de una mirada de control, apuntar a las consecuencias y no a las causas del problema. Este es un fenómeno que hace eclosión como resultado de 30 años de Estado ausente".

El juez Juan Leandro Artigas.