Suspensión de radares

Pues sí, los seres humanos son buenos; pero controlados son mejores. ¿Qué motiva a un funcionario, sobre quien recae precisamente la función de controlar, al comprobar que elementos no humanos autorizados -radares- registran sin distinción de clase o cargo, su inconducta vial reiteradamente, reaccione sin más; suspendiendo el sistema de control que a él en particular le permite velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos a quienes debe proteger? La respuesta es simple: los demás deben pagar, yo no. Los demás deben obedecer las normas, yo no. Así, parado en lo alto, subido a la cima de la torre decide embriagarse en su propia soberbia. No pagar. No respetar. Y de la mano del defensor del Pueblo, quien seguramente tiene reclamos que hacer y dudas que aclarar a favor de los ciudadanos. Y debe hacerlo. Pero esto no lo autoriza a otra cosa que no sea abogar por esta y todas las causas que considere relativas a su función que no va más allá de argumentar a quien corresponda como vocero válido del pueblo. La pregunta es: ¿se tiene autoridad moral para efectivizar reclamos "reales" cuando también se es un infractor asumido? Claramente estamos diciendo: señores subsecretario de Transportes y defensor del Pueblo, ambos coinciden en su condición de infractores al sistema que aprobaron en nombre de sus representados y a favor de la seguridad de los mismos. Resulta entonces patético que livianamente decidan suspensiones, sin nada que reemplace al servicio afectado, sin ninguna red de protección al ciudadano que pudiera ser víctima de esta pequeñísima colonia de infractores de la cual ustedes, señores, son parte. Pareciera ser que sus teflonadas vidas no albergan vergüenzas ni dudas. A punto tal que la escalada sigue decidiendo además promover una ley fundamental asesorados únicamente por su propia arrogancia. Ambos, enlazados por los mismos intereses supuestamente loables, se constituyen en juez y jurado. El uno, por no convocar a autoridades pertinentes tan respetables como él, es decir a intendentes y representantes comunales que sufren la indefensión de muchos ciudadanos de buena conducta vial, sean peatones o conductores a quienes con frecuencia les va la vida en manos o mejor dicho en "volantes y aceleradores" de unos pocos que, ahora, no dejan huella. Por tampoco convocar a personas técnicamente idóneas y probas en su responsabilidad. El otro por no convocar a las fuerzas vivas, ni a instituciones, ni a toda forma de agrupación que tenga injerencia en el área de movimiento vehicular cualquiera sea el tipo. Falencias que a sabiendas ignoran ambos funcionarios en forma, se pudiera pensar, tal vez conveniente. Ahora bien. De cara a la sociedad, ¿conveniente a quién o a quiénes? Porque paradójicamente los responsables de una rama más que importante de la seguridad de quienes dicen representar y defender, violan acuerdos, convenios y desprotegen a esa sociedad de cuajo y sin red. Tal el caso de la suspensión de radares. En la emergencia social en que vivimos, muchos son los trajes que usa la muerte, uno de sus favoritos son los accidentes en rutas, avenidas o caminos de tranquilidad aparente, donde las víctimas, en general gente humilde, sencilla y respetuosa, son presa fácil del ego de los que no respetan ni su propia vida. ¿Por qué entonces cumplir las reglamentaciones de tránsito, si cualquier oído obsecuente los exonera de toda culpa al no existir registro alguno que demuestre lo contrario? Entonces, ¿cuál es la conveniencia en el mientras tanto? En el mientras tanto se restan recursos a municipios y comunas más pequeñas, con el agravante de sumarles inconductas y desgracias sin responsables visibles. En el mientras tanto no se levanta esta caprichosa suspensión, generando, además de desprotección, serios inconvenientes de tipo contractual. En el mientras tanto ambos funcionarios no se responsabilizan ni asumen en forma real y efectiva su condición de infractores reincidentes. En el mientras tanto, lo cierto es que estos mismos señores, en particular el subsecretario de Transporte, habría ya con unos pocos terminado la reglamentación de la antes no aprobada ley N 12.217, con "cierta urgencia" de ser elevada a la firma de la Gobernación. Lo visible de esto es que el ego de estos señores espera ver un decreto, producto de una ley no consensuada sin medir consecuencias. Una ley defectuosa pero perfectible, que a todas luces debería reverse aunando los criterios, las necesidades y la sapiencia de todos los interesados en definir lo mejor para los santafesinos.

Ana María Maksymón, DNI 20.481.681