Editorial

Las antenas de telefonía

El remanido tema de las instalaciones de las antenas de telefonía en la ciudad volvió a ocupar espacio con el inicio de las clases, ya que, precisamente, una de las grandes estructuras está ubicada en el colegio La Salle, donde ha recrudecido la preocupación de los padres por sus efectos en la salud. Hasta tal punto es el temor por enfermedades y accidentes, que muchos de ellos decidieron retirar a sus hijos del colegio, con todo el costo que ello implica.

Como se recordará, el problema con las antenas tomó fuerza cuando a fines del 2000 la caída de una estructura en el Club Banco Nación provocó la muerte de un operario. Inmediatamente, el Concejo Municipal fijó una nueva normativa prohibiendo instalar antenas en clubes, escuelas y espacios de concurrencia masiva y fijó límites para la altura. Estableció además un plazo para que las empresas se adecuaran a la ordenanza; no obstante, cumplido el mismo, de las 114 estructuras que existen en la ciudad una sola posee autorización, las demás siguen estando en una situación irregular y operan por recursos de amparo presentados ante la Justicia federal, la cual hizo lugar impidiendo a la Municipalidad ejercer el poder de policía.

En consecuencia, el conflicto entre los dos poderes del Estado resulta tan evidente como lamentable que ocurra. Porque, tal como se ha planteado en audiencias públicas -frente a las versiones sobre efectos cancerígenos de las radiaciones-, la Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que "no hay determinaciones sobre esto y por esa razón hay que actuar con prevención". Por lo tanto, resulta poco sensato que no exista un criterio unificado al respecto, entre municipio y Justicia, y fundamentalmente por parte del empresariado del sector, que suele acatar en los países de origen las mismas o mayores exigencias, mientras aquí acuden a los resquicios legales.

Ante esta situación no se puede menos que respaldar la actitud del Ejecutivo y esperar que la Justicia elimine las trabas, para proceder al desmantelamiento de las torres. Ya no se pueden acoger a argumentos de tiempo, porque han pasado más de tres años y no se han aggiornado. Tampoco son válidas razones económicas porque el país comenzó un proceso de reactivación y los márgenes de rentabilidad han mejorado. En todo caso, fue la ciudadanía la que se expuso en todo este tiempo con consecuencias inciertas por las radiaciones. Es hora entonces de que primen la racionalidad y el sentido común para dar un paso definitivo sobre el tema.