Panorama político

La Argentina ciclotímica

Jorge Levit / La Capital

A sólo dos años del peor derrumbe socioeconómico de la Argentina, que estuvo al borde del desmembramiento, la situación política estable y un contexto internacional favorable han traído un poco de alivio.

La economía creció un 8,4 por ciento el año pasado, después de haber tenido una caída de casi el 11 por ciento en 2002. El nivel de actividad de la construcción registró en febrero un 30 por ciento de aumento respecto del año anterior y el boom de la soja sigue siendo espectacular. El alto precio de la oleaginosa tan requerida en el mundo se mantiene intacto, por lo que el sector agroexportador argentino vive un veranito que pocos recuerdan. También el Estado, que recauda por las retenciones a las exportaciones el 20 por ciento de lo que se embarca. En los pueblos falta mano de obra calificada para la construcción, la industria no encuentra técnicos especializados, hay demanda sobre las propiedades -que recuperan lentamente su valor predevaluación- y el comercio vende todo lo que ofrece. Pero es una Argentina donde, como siempre ocurre en estas latitudes, la economía depende exclusivamente de la política.

En pocos años se puede pasar del desastre a la bonanza o de la depresión a la euforia, típicas oscilaciones ciclotímicas de un país acostumbrado a bruscos sacudones difíciles de comprender para un extranjero. La confiscación masiva de los ahorros de la gente dos veces en poco más de una década, el default de los bonos, cuyos tenedores son el 38 por ciento argentinos, hiperinflaciones y devaluaciones salvajes que afectaron un tercio del salario son "delicias" criollas no fácilmente entendibles por todos.

Si a esto se le suma la peor represión de la historia perpetrada por el golpe militar del 76, que vino a "moralizar la Nación" pero en realidad secuestró niños, empleó métodos criminales de la Alemania nazi y saqueó el patrimonio de sus víctimas, el panorama se torna más turbio aún.

La Argentina pasó por el "deme dos" de los viajes de compra a Miami durante la época de Martínez de Hoz y por los planes económicos de Sourrouille y Erman González con nombres de todas las estaciones del año. También por el uno a uno en la convertibilidad de Cavallo, por Menem y De la Rúa; por una pauperización creciente y por poderes políticos que coadyuvaron al descalabro con su inoperancia y malicia.

Este breve e incompleto repaso de los últimos 30 años arroja conclusiones inciertas, cuanto menos, sobre las proyecciones para el futuro. Pero sí certeras de que el bienestar de los argentinos está directamente ligado a la calidad de sus dirigentes. Política y economía van de la mano y sin la primera la otra se desintegra.

El comienzo del 2004 encuentra al gobierno nacional con una de las encrucijadas más importantes y que afectará el resto de su mandato: la salida negociada de la deuda privada. Los acreedores de la Argentina -excluyendo a los organismos de crédito internacionales- no son solamente los fondos buitres que operan en los países pobres, sino también jubilados japoneses, pequeños inversores italianos o desocupados argentinos que cobraron su indemnización y que incrédulamente le prestaron su dinero al Estado. Hay de todo y por eso la solución es compleja, más aún por la presión internacional de los países que protegen a sus ciudadanos y a sus intereses financieros.

Kirchner debe arreglar la fiesta de los bonos que adeudaron al país para financiar la corrupción y la política. El Estado tomó préstanos de los privados por casi 90 mil millones de dólares pero el país es más pobre que hace 40 años y sólo en la última crisis unos 200 mil argentinos emigraron en busca de un mejor futuro.

Pero con arreglar las cuentas externas e internas el gobierno no tiene asegurado el éxito. En estos pocos meses de gestión Kirchner tocó áreas sensibles que no muchos tuvieron la valentía de enfrentar, pero hasta ahora da la sensación de que las cuestiones de verdadero peso todavía están en el freezer.

La reforma política que termine con el clientelismo, la modificación tributaria para que el reparto de la riqueza tenga mayor equidad y un verdadero programa de recuperación social -no sólo con la dádiva del subsidio- para los millones de marginados que dejó esta Argentina desigual, son las tareas de fondo pendientes. Estas acciones, por inevitable contagio, deberían "derramarse" también sobre las provincias, algunas de las cuales, como Santiago del Estero, todavía mantienen estructuras de poder feudales.

Santa Fe, si bien está lejos de esa realidad, sostiene aún los privilegios de un anacrónico patriciado santafesino que lucha y se aferra a su poder. Jubilaciones fabulosas de privilegio para unos pocos que no se pagan ni en Suiza y que al Estado le han costado millones, una burocracia pesada y una estructura estatal sindical siempre sospechada están a contramano de lo que debería ser un Estado moderno que atraiga inversiones y aproveche los recursos de su privilegiada geografía.

Además, si el voto mayoritario de los santafesinos sigue sin poder elegir a sus gobernantes, nuevamente la política arruinará la economía. Esta provincia no puede tolerar más que el próximo gobernador sea electo con la tramposa ley de lemas.

Si Kirchner prioriza esos cambios políticos y filosóficos, los puede trasladar a las provincias, y si no cae en la tentación de sus antecesores de construir nuevos movimientos históricos o buscar reelecciones permanentes, el país tiene por primera vez en décadas la oportunidad de emprender un rumbo de progreso y desarrollo sostenido.

Si, en cambio, los todavía precoces jóvenes K, movimientos transversales populares o políticos obsecuentes y acomodados tienen injerencia en las decisiones de Estado -como ha ocurrido en el pasado con otros presidentes- el kirchnerismo tendrá graves dificultades. En ese caso la lección no habrá sido aprendida y el país volverá a caer nuevamente en una terrible crisis, que estadísticamente se están repitiendo cada poco más de diez años. El final está abierto y los resultados son imposibles de predecir. Estamos en la Argentina.

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