Condenaron a un policía por un crimen de diciembre de 2001

Le dieron 11 años de prisión por la muerte de Graciela Acosta, una militante de Villa G. Gálvez

El policía acusado de matar a la militante Graciela Acosta durante la convulsión social de diciembre de 2001, quien había sido absuelto hace un año, fue condenado a 11 años de prisión por la Cámara Penal que consideró probado que baleó a la mujer con su pistola 9 milímetros. De las siete muertes que ocurrieron en la provincia durante aquel diciembre negro de, es el segundo caso que deriva en una condena a un policía. Los otros casos siguen impunes.

   Los jueces de la Sala IV de la Cámara Penal revirtieron el fallo que había absuelto por la duda al cabo Luis Armando Quiroz y lo condenaron por homicidio agravado. Llegaron a la conclusión de que es el responsable del crimen en base a una pericia balística que demostró que salió de su arma la bala que terminó con la vida de la militante y que una amiga de la víctima pudo retirarle del cuerpo.

   Quiroz se encuentra en libertad bajo fianza desde diciembre de 2006, cuando el juez de Sentencia Ernesto Genesio lo absolvió. Ahora, a seis años del caso, ordenaron su detención.

   El crimen de Graciela Acosta fue uno de los siete que ocurrieron en la provincia en diciembre de 2001, en medio de la conmoción social que provocó la caída del presidente Fernando De la Rúa, cuando Santa Fe era gobernada por Carlos Reutemann. De esos casos sólo dos concluyeron en condenas, ambos a policías de la provincia.



Plomo a la multitud. Cuando se produjo el estallido social del jueves 19, Graciela Acosta estaba cerca del supermercado La Gallega de Villa Gobernador Gálvez junto a Mónica Cabrera, una compañera de militancia del Partido Comunista. En ese lugar se estaban produciendo saqueos y ellas llegaron buscando a un hijo de Cabrera.

   Alrededor de las 16, mientras un grupo de personas ingresaba al súper, comenzaron a escucharse disparos y Acosta cayó herida de un balazo en el pecho. Su amiga no pudo identificar al autor, pero mientras la sostenía en brazos le extrajo una bala calibre 9 milímetros que asomaba por la espalda. Ese proyectil fue una de las pruebas más fuertes en contra de Quiroz, ya que una pericia de Gendarmería Nacional determinó que había salido de su pistola 9 milímetros.

   Al juez Genesio no le pareció creíble cómo Cabrera recuperó la bala y que la misma no tuviera restos de sangre. Aunque no aclaró cómo una bala de Quiroz habría ido a parar a manos de la mujer. También remarcó que según la autopsia Acosta tenía una marca típica de un tiro a quemarropa, mientras que según Cabrera la habían herido desde unos 40 metros. La fiscal Elida Rivoira apeló el fallo.



Pruebas creíbles. Para revisar el caso, los jueces Guillermo Fierro, Antonio Paolicelli y Rubén Darío Jukic reabrieron la causa a prueba. Citaron a declarar al periodista de LT 8, a un forense y a dos expertos en armas. Así, tras escuchar al forense Víctor Frigeri concluyeron que la bala pudo perder velocidad al atravesar el cuerpo de Acosta (quien pesaba 100 kilos) hasta quedar detenida entre la piel de la espalda y la ropa. El médico también aclaró que el “tatuaje” descripto en la autopsia no hacía referencia a un disparo a corta distancia.

   Un informe de Gendarmería señaló además que existen “casos aislados en los cuales el proyectil luego de atravesar el cuerpo se frena en las prendas”. Por eso los camaristas concluyeron que, si bien es infrecuente, no es imposible que una bala “sea detenida por el cuerpo de una persona obesa”.

   Ante ese tribunal, el periodista Marcelo Nocetti relató que, mientras informaba desde el lugar, Cabrera le comentó que le había sacado algo de la espalda a su amiga y le mostró un proyectil. En aquella ocasión Nocetti lo comentó al aire. Y un funcionario judicial que lo escuchaba lo declaró en la causa. Su testimonio fue clave porque incluso habló en el lugar con Quiroz, a quien conocía porque custodiaba el hospital donde trabajaba su esposa. “A estos negros sólo los paramos con balas de plomo”, le dijo el policía.

   Los jueces descartaron que el policía tuviera intención de matar a Acosta pero evaluaron que no pudo desconocer el riesgo de disparar con plomo al grupo.

   Por último, cuestionaron el comportamiento de la policía en la causa, dado que el nombre de Quiroz y su número de arma recién fueron aportados al expediente dos años más tarde. Las maniobras de encubrimiento policial de los sucesos de diciembre de 2001 fueron denunciadas por la Comisión No Gubernamental que los investiga e incluso hay policías en juicio por encubrir el crimen de Pocho Lepratti.

Varias marchas reclamaron justicia por los crímenes de 2001.