Menem trató de relativizar la imputación de Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide, quien elevó a juicio oral la causa en contra del ex presidente Carlos Menem por ocultar fondos en Suiza, afirmó ayer que la defensa del ex mandatario “trató de restar importancia a los bienes” no declarados, pero advirtió que “aunque sean insignificantes, deben aparecer en las declaraciones juradas”.

El jueves, el magistrado dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa penal que afronta el ex presidente por el presunto ocultamiento al fisco de millonarios depósitos en la banca suiza y otros activos, pero el actual senador por La Rioja no irá al banquillo mientras goce de fueros parlamentarios.

Menem “va a juicio oral. La causa ha quedado ayer (por el jueves) clausurada en su parte instructoria. He resuelto, en razón de los hechos acreditados, que constituyen los delitos de omisión maliciosa y luego falsedad ideológica de instrumento público”, explicó Oyarbide.

“Entiendo, a la luz de las estadísticas, que es el primer ex presidente que va a llegar a un juicio oral. He podido acreditar en la investigación qué bienes no estaban incluidos en su declaración jurada”, agregó.

Fue en ese punto que la defensa del ex presidente trató de “restar importancia a los bienes no declarados” por Menem, pero aclaró: “Aunque su valor sea insignificante, en la medida en que no estén dados de baja, deben aparecer en la declaración jurada”.

Menem, de 77 años, fue procesado por no haber declarado la totalidad de su patrimonio al fisco, en octubre de 2000, y por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica de instrumento público.

Entre los bienes no declarados por Menem, el juez habría incluido dos cuentas bancarias en un banco de La Rioja con casi 35.000 pesos, dos aviones ultralivianos, acciones de las empresas Telecom y Telefónica, dos automóviles (uno marca Renault Traffic y otro Fiat 147) y dos inmuebles también en La Rioja.

El sumario contra Menem que instruyó Oyarbide quedará ahora en manos de un Tribunal Oral Federal que, en principio, deberá requerir al Senado el desafuero del legislador si pretende avanzar en el proceso. De otro modo, habrá juicio si el riojano renuncia o si completa su mandato, en 2011.