Anuencia regional ante una reforma aberrante

Pablo Díaz de Brito / La Capital

Muy solemne, Roberto Hernández, diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, afirmó el 3 de noviembre, día en que ese Parlamento aprobó la reforma constitucional chavista: “La conciliación es la muerte, son patriotas los que la apoyan toda (a la reforma) y traidores los que critican sus detalles”.

   De esta forma la violencia verbal del régimen chavista se hacía presente, como era lógico, en el acto que sepultaba los últimos vestigios de democracia en Venezuela. Pocos días después, el 7 de noviembre, los matones encapuchados del chavismo atacaban a tiros a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por protestar contra esta reforma que no tiene antecedentes entre los países democráticos, por los poderes que concentra en el presidente.

   Los gravísimos episodios de la UCV, documentados por los medios internacionales, muestran con crudeza cuál es el modus operandi de esta naciente dictadura: grupos de parapoliciales hacen la tarea sucia que no puede (todavía) encargarse a la policía. Sabiendo que era en vano, el rector de la UCV, Eleazar Narváez, reclamó terminar con la violencia verbal permanente a Chávez y su gobierno, que a diario soplan sobre el fuego de la lucha de clases en su versión nacional-populista, la que cabalga el enfrentamiento entre “la oligarquía” y “el pueblo”. La violencia en la ciudad universitaria de Caracas no es así episódica. Los grupos de matones armados y encapuchados son parte fundamental del régimen chavista, un mecanismo necesario para que este régimen funcione tal como desea su amo.

   Aturde, aunque ya sea habitual, el silencio ominoso de muchos demócratas de la región, no sólo ante el acto de matonaje que dejó a 18 estudiantes hospitalizados sino también ante el avance de la brutal reforma constitucional chavista. Esta sólo puede calificarse de aberrante: impone la reelección indefinida del presidente, que tendrá además el poder de monarca absoluto para decretar el estado de emergencia por tiempo indeterminado (pudiendo así detener sin causa judicial a quien desee) y la inaudita potestad de disolver Estados provinciales y crear otros, en un país que hasta hoy es federal. Hay que sumar que el llamado Poder Popular, básicamente asambleas de militantes chavistas, tomará decisiones a nivel local que hasta ahora se dirimían en las urnas. Y, como le señaló a Chávez el Partido Socialista de Francia, se eliminará de raíz el principio de la neutralidad política de la Constitución, al declarar Estado Socialista a Venezuela.

   Ante esta evidencia, ya no basta con decir que Chávez ha ganado en las urnas para validarlo como demócrata. La democracia es bastante más que el voto. Se sabe, y lo saben quienes respaldan a Chávez (como hizo ayer el PT brasileño de Lula).



Griterío premeditado. Frente a este panorama, el griterío de Chávez ante el rey de España y el premier Rodríguez Zapatero en la Cumbre Iberoamericana de Chile resulta una actitud premeditada (basta leer la transcripcción literal del incidente para comprobar la provocación), que buscó “tapar” mediáticamente el escándalo de la UCV.

   Vale recordar la cronología del asunto: el episodio de matonaje ocurrió el miercoles de la semana pasada, y ante la conmoción general Chávez debió suspender su viaje a Santiago para el día siguiente; el choque verbal con el rey y Zapatero ocurrió el sábado, en el cierre de la Cumbre.    

   Desde, entonces, nadie habla de otra cosa que del famoso cruce verbal, Chávez sigue explotando su confrontación con España con fines electoralistas (el referendo sobre su temible reforma constitucional se hace el 2 de diciembre) y los estudiantes heridos por los encapuchados han sido olvidados por los medios hace rato. Lo que quería Chávez, precisamente.