“La seguridad no es un tema legal sino de política social”

Para el penalista uruguayo Gonzalo Fernández atenuar la pobreza es clave para el control del delito

Gonzalo Fernández es la “mano derecha” del presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Desde el cargo de secretario de la Presidencia supervisa la tarea de los ministros. En 1989 conoció a Tabaré por la militancia en común en el Partido Socialista cuando el jefe de Estado era intendente de Montevideo. Pero su rasgo más destacado lo debe a ser uno de los especialistas más reconocidos en derecho penal del país vecino.

—En Argentina, las cárceles están llenas de presos sin condena. Pero cuando no hay prisión preventiva, una fuerte corriente de opinión plantea que los delincuentes tienen muchas garantías. ¿Cómo visualiza esta contradicción?

—Es un análisis desacertado. En Uruguay también hay muchos presos sin condena cumpliendo prisión preventiva y eso obedece a la lentitud de los juicios penales, que es un tema muy viejo. Como en Uruguay el proceso penal es escrito, la causa más sencilla puede demandar un año y medio o dos años hasta que se dicte sentencia. Todo procesado goza de la presunción de inocencia. Por lo tanto, que haya personas con prisión preventiva no es ninguna garantía. Al contrario, yo creo que a un juez le cuesta bastante llegar a una sentencia absolutoria ya que cualquier absolución genera una acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado.

—En Argentina o en Uruguay, no hay delincuentes económicos o responsables de hechos de corrupción estatal presos. ¿El derecho penal es más eficaz con los sectores marginales?

—Un viejo dicho sostiene que el derecho penal es para los pobres y para los ricos está el derecho civil. Eso refleja que la mayoria de los presos pertenecen a los estratos más desfavorecidos de la sociedad Y es más infrecuente que quienes estén acusados de delitos económicos o estén involucrados en episodios de corrupción vayan a la cárcel. En Uruguay, esto ha comenzado a cambiar, pero no en el sentido de que ahora haya menos detenidos de los sectores marginales, sino que ahora se persigue penalmente los delitos de los funcionarios públicos y los económicos, el lavado de dinero y el narcotrafico. En este período de gobierno hay un récord absoluto de incautación de drogas y por ende de enjuiciamiento de narcotraficantes que no son de bajo nivel económico.

—¿Qué opina de la corriente de opinión impulsada por Juan Carlos Blumberg que propone aumentar las penas para combatir la inseguridad?

—Lo que se ha llamado el derecho penal de Blumberg con cierta ironía no tiene nada de original. Siempre que se viven situaciones de inseguridad se invocan los mismos argumentos: bajar la edad de la imputabilidad penal, reducirla para encarcelar muchachos mas jóvenes y agravar las penas al grado extremo de plantear la cadena perpetua y o la pena de muerte. La seguridad es un problema de política social, la solución de fondo pasa por las políticas sociales, que nunca van a llegar a la eliminación total del delito ya que no hay sociedad sin delito. Pero si se puede reducirlo a niveles tolerables y que no restañen la convivencia, la seguridad y la paz ciudadanas. Para eso la herramienta no es el endurecimiento de las penas. Eso aísla al individuo y lo disocia en el sentido de excluirlo de la sociedad. Si uno lo mira desde la perspectiva exclusivamente conservadora quiere ver encerrados a todos los que molestan. Hay que entender que la política criminal forma parte de la política social.

—Usted siempre optó por una visión del mundo y militó en ella. ¿Cómo se ubica frente a los planteos de que un juez debe ser apartidario? Como si no participar en un partido implicara no tener ideología.

—Todo juez como un cirujano o un carpintero tiene una determinada ideología política. Lo que se busca preservar para garantizar la independencia judicial es que el juez no milite activamente en el ámbito de la política partidaria para evitar cierto peligro de contaminación. Pero una cosa es la prohibición que tienen los magistrados de no militar activamente en política y otra distinta es pensar que un juez no vaya a tener ideología política. En ese caso no sería una persona.