"Es hora de debatir sobre el desamparo de los enfermos"

Un abogado constitucionalista cuestiona los incumplimientos en las prestaciones

“Todo el sistema de salud de la Argentina está colapsado, el público y el privado, por lo tanto, las deficiencias en los programas y en las prestaciones son grandes y esto significa violación del derecho a la salud y en ocasiones a la vida”, dice contundente el abogado constitucionalista Roberto Sukerman, director ejecutivo de la Fundación Derecho Social. El especialista, que dará una charla gratuita mañana para todas las ONG´s y entidades que trabajan con problemáticas vinculadas a la salud, destacó que cada vez son más los reclamos y denuncias de pacientes que no reciben la atención que les corresponde por parte de obras sociales, prepagas y también del Estado.

   El abogado dijo a La Capital que en la gente existe mucha desinformación y al mismo tiempo miedo: “Las personas, en general, no conocen o no reclaman sus derechos y los derechos que no se ejercen se pierden. Lamentablemente también falta solidaridad y hay pocos signos de humanidad en quienes tienen poder” .

   Sukerman remarcó que el derecho a la salud es un derecho humano y se fundamenta en la dignidad de la persona. Por eso, dijo, “todo ser humano, sin importar su edad, religión, sexo o condición social goza de los derechos humanos sin los cuales no se puede vivir como tal. El Estado no sólo tiene el deber de reconocerlos, sino también de respetarlos y defenderlos”.

   El constitucionalista recordó que en la Argentina todavía está vigente la emergencia sanitaria y el Congreso Nacional acaba de sancionar una ley para intentar sanear a las obras sociales y sanatorios. “Por otro lado, las prepagas todavía no tienen la regulación ni el control que son necesarios para cumplir con las prestaciones y que estas sean siempre de calidad”, puntualizó.

   

Falta de compromiso. Sukerman mencionó que hay mucho incumplimiento respecto de las prestaciones como tratamientos, coberturas de medicamentos, coseguros, planes cerrados, carencias, discapacidades, enfermedades crónicas, enfermedades nuevas, por citar algunos géneros. “Los pacientes y los padres, hijos o familiares de pacientes generalmente no conocen sus derechos y cuando los conocen por sí mismos o porque se los explican tienen mucho miedo a reclamar. El principal miedo es a que los expulsen de la prestadora. Esporádicamente sucede, lo cual es ilegal y constituye un delito penal (abandono de persona) hasta que los Tribunales los reincorporan. El terror sigue dando frutos en nuestra débil democracia”, enfatizó.

   El profesional destacó que las ONGs cumplen un papel fundamental ya que es importante aunar esfuerzos. “El cambio pasa por la educación, la información y un mínimo de coraje. Por eso damos permanentemente charlas de derecho a la salud en toda la región abiertas a la comunidad. El derecho no puede ser elitista, debe estar en manos de todos”. l

F.O’K.

“Las asociaciones que nuclean a pacientes y familiares tienen una gran valor y hay que apoyarlas”, dijo Sukerman.