Trabajadores en olla popular frente al domicilio del propietario

Un grupo de trabajadores del Lavadero Virasoro, en conflicto con la patronal desde el pasado 27 de junio, se encuentran manifestando frente al domicilio del propietario de la firma donde instalaron una olla popular para reclamar la reincorporación de los 57 empleados despedidos, al tiempo que desmintieron haber agredido a un grupo que no adhiere a la medida mientras se dirigían a trabajar a la sucursal que la firma tiene en Pergamino.

Los obreros se apostaron junto a sus familias en la esquina de Alem y San Luis, donde vive Jorge Guidetti, el dueño de la empresa que se encuentra paralizada desde hace casi dos meses luego de que se produjera el despido de un compañero, según dijeron de forma arbitraria y sin justificación, al que siguieron muchos más hasta llegar a los 57 mientras el conflicto se agudizaba a pesar de los esfuerzos que incluyeron a la vicegobernadora, María Eugenia Bielsa que sentó a las partes sin llegar a una salida consensuada.

El conflicto en la planta de Ovidio Lagos al 4600, donde personal que responde al Sindicato de Trabajadores Petroquímicos de Fray Luis Beltrán declaró un paro por tiempo indeterminado por los despidos, manteniendo la planta inactiva desde entonces y con una carpa    montada por los manifestantes frente al portón de ingreso. En tanto un sector de los operarios, que está afiliado al Sindicato de Tintoreros y Lavadores de Rosario, ya manifestó su disconformidad y planteó querer volver a sus puestos.

En medio de esto tres empleados denunciaron ante la fiscal de primera instancia María Isabel Mas Varela, una agresión a dos micros qwue se dirigían a trabajar a la planta de Pergamino, denuncia que la magistrado encuadró provisoriamente como “amenazas coactivas, daños y atentado al derecho de libertad al trabajo”.

Por su parte uno de los delegados de los trabajadores en lucha, Sergio Calabrese, desmintió ante La Capital on line estas denuncias “la situación continúa como cuando la empresa se retiró de la mesa de negociaciones, diciendo que no habíamos aceptado la reincorporación de nueve compañeros y el pago del 60 % de las indemnizaciones, y además ahora aparece esta denuncia penal, lo que es absolutamente falso, es una nueva maniobra que no ayuda a la solución pacífica del conflicto”.