Videla "se hizo cargo" de la represión y exculpó "a subordinados"

Buenos Aires.- El ex dictador Jorge Rafael Videla “se hizo cargo” hoy en la Justicia de la represión ilegal desatada por el régimen de fuerza que encabezó de 1976 a 1981 y “descargó de responsabilidad a sus subordinados”, en lo que volvió a considerar como “guerra contra la subversión”.

Así lo aseguró a DyN el abogado Adolfo Casabal Elía, que asistió a Videla en una audiencia de declaración indagatoria ante la jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano, la cual investiga delitos de “lesa humanidad” perpetrados en Córdoba en 1977.

“Videla dijo que él es responsable de todos los actos que se realizaron en la guerra contra la subversión, cumpliendo sus órdenes como Comandante en Jefe”, confió el letrado.

Y añadió que su asistido “también expresó que descargaba de responsabilidad en esos actos a todos sus subordinados que cumplieron órdenes”.

Luego de ese prólogo, Videla comunicó a la jueza que se negaba a prestar declaración indagatoria “porque dijo que su juez natural es el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y por eso no reconoce a ese tribunal, tal y como viene haciendo en otras causas judiciales”, añadió el abogado.

En consecuencia, agregó Casabal Elía, el cabecilla del Golpe de Estado de 1976 “anunció que no ofrece pruebas ni designa abogado defensor”.

Esa negativa de Videla a contestar las preguntas de la jueza y el fiscal Enrique Senestrari puso punto final a la audiencia que duró menos de una hora con la presencia del ex dictador, de 82 años, vestido de traje gris con chaleco y portando una carpeta con papeles.

A Videla lo trasladaron desde su departamento sobre la avenida Cabildo al 600, en el barrio Belgrano, donde cumple prisión preventiva, hasta el tercer piso del edificio de Comodoro Py 2002, más precisamente al despacho el juez federal Guillermo Montenegro.

El titular del juzgado federal número siete, que tiene procesado con prisión preventiva a Videla en la causa sobre el “Plan Cóndor” de represión latinoamericana, le prestó las dependencias que ocupa a su par de Córdoba y a quienes la acompañaban.

La diligencia se realizó en la causa caratulada “Kejner Marta y otros averiguación de ilícito”, que constituye un desprendimiento de un expediente más voluminoso caratulado “Vega Juan Carlos s/denuncia de apropiación extorsiva de bienes de Mackentor SA”.

El caso Mackentor tuvo origen el 26 de abril de 1977, cuando las tropas del entonces jefe del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, ocuparon todas las empresas de ese grupo económico, dedicado a las obras públicas, y secuestraron a 29 personas.

Eran directivos, gerentes y empleados superiores de Mackentor que fueron a parar a centros clandestinos de detención en base a un bando militar que declaraba al grupo económico como “sostén financiero de la delincuencia subversiva”, y cinco de aquellos terminaron desaparecidos.

El resto se dividió en un grupo que fue sometido a Concejo de Guerra y condenado a penas promedio de cuatro años de prisión, y otro grupo fue blanqueado con detenciones en prisiones públicas, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

En cambio Natalio Kejner, presidente y principal accionista del Grupo Mackentor, consiguió partir al exilio, pero el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma -ya fallecido- inició una causa judicial y libró en su contra una orden de captura internacional vía Interpol, que tuvo vigencia hasta 1985, dos años después de la recuperación de la democracia.

La empresa Mackentor estuvo en poder de los militares hasta 1985, cuando Kejner pudo volver al país.

La empresa está en quiebra y Kejner formuló una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que se encuentra en vías de una solución amistosa.(DyN)