En foco. Los indicadores sociales

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al segundo semestre de 2006, la pobreza en el Gran Rosario alcanzaba al 23% de la población, es decir unas 282 mil personas. Se trata del sector social cuyos ingresos no les permiten satisfacer sus necesidades alimentarias y de servicios básicos. Respecto de la situación laboral, la medición del primer trimestre de este año dio cuenta e un repunte de la tasa de desocupación hasta ubicarse nuevamente en los dos dígitos, al 10,4% de la PEA.

Cualquier comparación de estas cifras con respecto a los niveles dramáticos de la crisis 2001/2002 arroja un signo positivo, lo cual le permite al gobierno exhibir logros electorales y a los sectores económicos que salieron de la crisis (o que nunca la pasaron), declarar finalizada la emergencia social y desempolvar reclamos como la utilización de la fuerza pública para contener las protestas sociales. No es menos cierto que las reducciones operadas en los indicadores de desempleo y pobreza respecto de la última crisis van a un ritmo menor que el de crecimiento acelerado de la actividad económica de los últimos años, y que los niveles de exclusión que subsisten son difícilmente compatibles con una economía sin reclamos sociales. A esta situación concurren causas diversas y complejas, pero una es la inequidad en la distribución del ingreso.

En ese sentido, siendo el empleo y el salario uno de los instrumentos más dinámicos para equilibrar esta brecha, la existencia de 136 mil trabajadores que cobran en negro (36,2% de los asalariados) en Rosario muestra una importante vocación de los empleadores por incumplir ley y un serio déficit del Estado para hacerla cumplir. Un rol que debería asumir con el mismo énfasis que pone para garantizar cualquier derecho y obligación.