Lifschitz y Cavallero siguen contrastando sus propuestas

Javier Felcaro / La Capital

Falta menos de un mes para las elecciones y los habitantes de Rosario tienen en claro cuáles son sus reclamos. Miguel Lifschitz (Frente Progresista) y Héctor Cavallero (Frente para la Victoria), los candidatos a intendente que monopolizan las preferencias, respondieron a los planteos ligados a la ayuda a los sectores excluidos de la sociedad, al crecimiento urbanístico de la ciudad y a la inseguridad.

   En días en los que la creciente demanda de asistencia social sensibiliza al extremo la epidermis rosarina, Lifschitz estimó que la clave es “avanzar en políticas más integrales, porque aparte de las prestaciones del municipio están la vivienda popular y la educación”, razón por la cual se necesita un trabajo “muy articulado” con la Nación y la provincia.

   Tras destacar que el eje es “mejorar” las condiciones de vida, el jefe del Palacio de los Leones propuso “urbanizar los asentamientos irregulares, ampliar el impacto del programa Rosario Hábitat y pensar una ciudad que ordene e integre urbanamente a esos sectores”.

   Cavallero también impulsó “un fuerte” programa de inclusión social articulado con la Nación y la provincia que, además de paliar la situación inmediata de los sectores con necesidades especiales, active “alternativas para erradicar el trabajo infantil”. Y propició la creación de “centros de capacitación laboral permanente, asociados con organizaciones empresariales y sindicales, para integrar a los jóvenes” al trabajo.

   “Programas integrales con el área Salud darán respuestas a problemas acuciantes de poblaciones vulnerables: adolescentes-madres, infancia en riesgo, adicciones y violencia familiar. También generarán espacios multidisciplinarios de contención y acompañamiento”, explicó.

   Sobre la urbanización de asentamientos irregulares, el ex intendente pedirá a la provincia la transferencia de todos los Fonavi “para regularizar su situación dominial y aportar al mejoramiento edilicio y de sus espacios públicos”. Asimismo, procurará la creación de programas y el uso del Banco Mundial como agente financiero a fin de que “los sectores trabajadores y medios tengan vivienda”.



En deuda. Respecto de las obras públicas y particulares, Lifschitz admitió la existencia de un déficit de infraestructura. “Hay una ciudad en crecimiento y es necesario un fuerte plan de inversión en saneamiento y extensión de la red de agua potable y del sistema de cloacas. También destinar recursos al servicio eléctrico y a la pavimentación de accesos y barrios”, prosiguió.

   Pensando en sus chances de reelección, el socialista anunció la profundización de una estrategia destinada a las obras particulares, promoviendo la inversión privada “en un marco de ordenamiento que garantice un crecimiento armónico, como lo establece la normativa que se está terminando de perfeccionar”.

   Crítico, Cavallero advirtió que “al proceso urbanístico encarado entre 1989 y 1995 con la recuperación de la costa y la incorporación de grandes extensiones de tierras públicas se contrapuso la consolidación de una fachada atractiva que oculta una política urbana en detrimento de barrios históricos y otros nuevos, cada vez con más carencias de obras y servicios”.

Por eso apostó a “terminar con las zanjas, mediante un programa integral de desagües pluviales al que se afectarán, además del 10 por ciento de la tasa, otros fondos especiales”, y a sumar a Rosario a la firma Aguas Santafesinas SA para “coordinar la construcción de cloacas”.

   También se inclinó por el uso “efectivo” del fondo municipal de obras públicas: “Mantendremos las calles existentes con un bacheo eficiente y acondicionaremos las veredas”. A su vez, el Tigre llamó a ejercer “un estricto control” sobre las roturas a manos de empresas y contratistas (“un duro sistema de sanciones”).

   Otras iniciativas son la construcción de cocheras subterráneas y “un programa público-privado de protección y promoción del área central y los subcentros barriales, que incluya a entidades y asociaciones en la definición de los servicios públicos y condiciones edilicias particulares”.

   Posteriormente, Lifschitz revalorizó el rol de la Intendencia en materia de seguridad. “En su momento fue la creación de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y el próximo paso es lograr un nivel de coordinación más estrecho con la policía y el diseño de un plan estratégico que la involucre”, auguró.

   No obstante, consideró que ese avance será imposible sin la ayuda de los legisladores y de la Justicia, además de la aplicación de “una política carcelaria que permita liberar las comisarías de detenidos y, fundamentalmente, acciones dirigidas a los menores en conflicto con la ley penal o en riesgo social, que hoy no existen”. Y sentenció: “Creemos que la Municipalidad puede desempeñar un papel muy importante”.

   Cavallero tomó la vía de la corresponsabilidad: quiere crear una Subsecretaría de Seguridad Pública que coordine Consejos Comunitarios (a razón de uno por cada seccional policial) con una central de recepción de denuncias y emergencias, buzones para denuncias anónimas y teléfonos especiales.

   Aunque también afirmó que reformulará la GUM, “transformándola en una policía municipal de prevención”. Otro punto candente es la protesta social. “Nos pondremos al frente para resolver o gestionar la resolución de los problemas respetando las libertades de tránsito y circulación de las personas”, concluyó.