Juez chileno rechaza la extradición de Fujimori

Federico Quilodran

Santiago de Chile.- El juez Orlando Alvarez rechazó el miércoles, en una primera instancia, la extradición al Perú del ex presidente Alberto Fujimori, requerido por ese país por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y el ex gobernante señaló de inmediato que la resolución confirma su inocencia.

El juez consideró en su sentencia que los delitos imputados a Fujimori en Perú no lo son en Chile o bien que los cargos no fueron debidamente acreditados. Descartó el cargo de asociación ilícita para delinquir que se le imputara por cuanto los hechos que configurarían ese delito en Perú no están contemplados en la legislación chilena.

“Tomo esta resolución junto a mi familia con alegría, pero a la vez con prudencia”, expresó Fujimori en una declaración entregada a la prensa por el abogado Gabriel Zaliasnik, uno de sus defensores.

Señaló que se abstendría de comentar el fallo, que “expresa las razones jurídicas que hacen improcedente los pedidos formulados y expresamente declara, como siempre lo he sostenido, mi total ausencia de participación en los hechos que mis detractores políticos infundadamente me han imputado”.

En Perú, la ministra de Justicia, María Zavala, aseveró que la decisión del juez chileno “es contraria a los intereses del estado peruano”.

“Hemos dado instrucciones a los abogados de Perú en Chile para que inmediatamente interpongan el recurso impugnatorio correspondiente”, agregó.

En tanto, el presidente Alan García en un acto público se remitió a decir que “la ministra Zavala ya declaró sobre el tema, y yo repito lo que ella dijo”.

En una extensa resolución de 122 considerandos el magistrado chileno desechó la recomendación que le había hecho hace un mes la fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado, de otorgar la extradición presentada por Perú luego que el ex gobernante llegara sorpresivamente a Chile el 6 de noviembre del 2005.

Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, de Perú, dijo a la AP que “la resolución de Alvarez es inaceptable... seguiremos batallando por la demanda”.

Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, uno de los estudiantes muertos en la universidad La Cantuta durante el mandato de Fujimori, calificó como “decisión vergonzosa” la sentencia del juez. Sollozando dijo: “Chile nos está robando la oportunidad de juzgar a un violador de derechos humanos”.

El estado peruano requirió a Fujimori, de 68 años, quien gobernó a su país entre 1990 y 2000, por dos cargos de violaciones a los derechos humanos por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, en las que murieron 25 personas, y por diez cargos de corrupción.

En su sentencia, Alvarez sostuvo que en ambos casos no queda acreditado que Fujimori “hubiera ordenado o al menos tenido conocimiento alguno de las matanzas proyectadas”.

Pese a la resolución favorable, Fujimori se mantiene en detención domiciliaria mientras la sala penal de la Corte Suprema confirma o revisa la sentencia de primera instancia.

La fiscal chilena había acogido 11 de los 12 cargos y recomendaba en su resolución no vinculante extraditar a Fujimori, quien luego de esa recomendación fue puesto en detención domiciliaria. El año pasado el ex mandatario estuvo seis meses en detención preventiva en dependencias de Gendarmería chilena, la policía carcelaria.

El arresto domiciliario lo cumple Fujimori en un exclusivo condominio cerca de Santiago. En esa residencia está acompañado por su hija Keiko, según contó un fotógrafo que ingresó al lugar.

El abogado chileno Alfredo Etcheberry, representante del estado peruano en el juicio de extradición, manifestó que siente “una cierta desilusión” por el fallo adverso, pero que examinará la resolución para encontrar sus puntos débiles y apelar dentro de los próximos dos días.

La presidenta Michelle Bachelet señaló que si bien el gobierno no comenta resoluciones judiciales, “no hay ninguna razón para que ningún fallo de ningún tipo afecte las relaciones toda vez que nosotros tenemos relaciones basadas en una agenda de trabajo conjunto que es mutuo interés de ambos gobiernos”.