Investigan a varios sindicalistas

El juez federal Norberto Oyarbide resolvió ayer continuar la investigación referida al destino presuntamente irregular dado por sindicalistas a un crédito de 350 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para mejorar las obras sociales del sector.

El juez rechazó planteos de prescripción del delito presentados por abogados defensores de algunos de los más de 200 sindicalistas que ya fueron citados a declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales. En su resolución entendió que los imputados podrían haber cometido el delito de peculado, que prevé hasta diez años de prisión y no está prescripto.

Las defensas de algunos citados a indagatoria habían intentado que se calificase al delito como defraudación contra la administración pública o administración infiel, que contemplan penas menores. Pero Oyarbide hizo lugar al planteo del fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien sostuvo que el delito por el que podrían ser procesados los imputados es peculado.

Según la acusación, el delito se habría cometido entre 1996 y 2000 con el dinero del crédito otorgado por el Banco y que debía usarse para pago de deudas, mejoras estructurales o para capacitar personal. Pero el fiscal Stornelli sostiene en base a una pericia que gran parte de los fondos habrían sido desviados a empresas allegadas a los sospechosos.

Tras rechazar la prescripción del delito, Oyarbide pondrá fecha para las declaraciones indagatorias una vez que la Cámara Federal se expida sobre varios planteos de nulidad de la causa hechos por las defensas.

En otro orden, militantes de Quebracho se concentraron frente a los tribunales federales de la Capital Federal para reclamar la libertad de cuatro dirigentes en esa agrupación, detenidos por hechos de violencia durante una marcha realizada en esta ciudad en repudio al homicidio del docente Carlos Fuentealba.

Los manifestantes, varios de ellos munidos de palos y con los rostros cubiertos, reclamaron la libertad de Fernando Esteche, Joaquín Isasi, Raúl Isidro Lescano y Osvaldo Lizzano, a quienes el juez federal Ariel Lijo procesó con prisión preventiva por violación de domicilio, daños, intimidación pública e incendio. Durante la manifestación, dirigentes fueron recibidos por los magistrados de la Sala II de la Cámara Penal Federal, que deberá resolver si confirma o revoca los procesamientos con prisión preventiva. l