Una muerte gestada dentro de un instituto en anarquía

Hernán Lascano / La Capital

La horrible muerte en el Irar de Néstor Salto, el chico de 16 años que agonizó con el 80 por ciento del cuerpo quemado en alternativas bajo valoración judicial, fue la culminación de un descontrol previo en cabal conocimiento de las áreas jerárquicas. Así era porque la directora del instituto, Laura Bevilacqua, había avisado de manera regular y documentada del desmadre. Aludía a un clima de boicot emanado de los operadores, a quienes atribuía decisiones abusivas y la imposición de un régimen de sanciones arbitrarias a los menores allí cautivos.


Anarquía
Ese panorama fue reportado a la directora provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal, Elba Ballore, al tanto de la anarquía interna al igual que la línea ascendente del Ministerio de Gobierno. Al tembladeral tras la muerte de Salto, sumado a las críticas de los jueces sobre el sistema de menores santafesino, siguió el reemplazo de los operadores, personal civil sin nociones del cuidado de menores en conflicto, por guardiacárceles de mayores, de idéntica condición.

   Liquidar los vicios históricos implicaba desmontar el régimen impuesto por los operadores. Pero las directivas políticas a Bevilacqua —el fusible que saltó en un mes de gestión— eran inequívocas: no objetar, no preguntar por qué, no meterse con determinados empleados. Lo que chocaba con cambiar el orden interno.

   Al asumir en el Irar, 21 de marzo, Bevilacqua reportó que un operador que es delegado gremial irrumpió en su escritorio sin golpear. “¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés dónde te metiste? A vos te dieron un mes de vida”, fue la intimidatoria bienvenida, según el documento, de ese empleado raso a la flamante autoridad.

    Ballore recibía informes cotidianos que narraban pormenores de este orden enviciado. Por ejemplo, que no se podían trasladar a los chicos presos a los juzgados porque la movilidad se usaba para buscar en sus domicilios a los becarios o a las cocineras. O que determinados operadores sancionaran a los adolescentes según su estado de ánimo o la impresión que les causaran. Estas penas ilícitas incluian encerrar a los internos en sus celdas al margen de un régimen disciplinario por motivos antojadizos. Todo fue informado por Bevilacqua y debería estar en el ámbito de la Dirección del Menor.


La caída
 A mitad de abril el clima en el Irar era irrespirable. Según lo informado por Bevilacqua en el marco de medidas de fuerza los choferes rehusaban hacer traslados, los operadores entregaban planillas de guardias programadas que no se cumplían y brotaba una anormal secuencia: se rompían conductos de agua, el calefón central se averiaba y empezaba a aparecer droga supuestamente incautada que los empleados, según tales informes, depositaban en el escritorio de la titular del Irar para que ella decidiera “qué hacer”.

   El 17 de abril se quemó Néstor Salto. Diez días después el juez de Menores Juan Artigas dictaminó que a esa muerte debía investigarla un juez de mayores. Su idea era que pudo morir como resultado de una acción que procuró colocarlo en una deliberada situación de desamparo. (ver aparte)


Zozobra
 La tragedia de Salto, cuarta muerte de un menor en institutos provinciales desde 2003, fue un impacto de mortero en el Ministerio de Gobierno. En una nota formal a Roberto Rosúa del 23 de abril, Ballore notificó que la dura protesta gremial y la gran hostilidad interna no garantizaba las prestaciones y repercutía en el ánimo de los menores. También que por falta de infraestructura el perímetro externo del Irar era vulnerable. Por eso expresaba que el instituto, zozobrando ante la convulsión por el menor fallecido, no estaba preparado para impedir un eventual ingreso de personas o elementos del exterior. Ballore advertía que estaba “agotada la capacidad y posibilidades de gestión” del área a su cargo.

   La salida fue ceder el control interno al Servicio Penitenciario provincial. Bevilacqua, según allegados, concebía un sistema mixto que resguardara la dirección, el equipo técnico profesional, el personal administrativo y a los talleristas. Pero prevaleció la directiva de sacar el Irar del control de la Dirección del Menor. El 24 de abril a Bevilacqua le pidieron la renuncia. Dos días después desde el gobierno le recomendaron que se fuera a Reconquista, donde tiene domicilio, porque en Rosario corría peligro. El 27 a la mañana recibió amenazas telefónicas de muerte. Lo informó a la Dirección del Menor. La respuesta fue que abandonara Rosario “lo antes posible”.